• Mientras gobernantes de Perú no soliciten formalmente la suspensión de la detención, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que Martín Belaunde no será extraditado a su lugar de origen o residencia.
ANF.- El Estado boliviano no expulsará del país al empresario Martín Belaunde -acusado de los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir- en tanto no haya una petición formal del Perú, para suspender la detención preventiva, que fue ampliada por 60 días más a partir del 13 de marzo, informó el canciller David Choquehuanca.
Durante una conferencia de prensa realizada en el salón verde del Ministerio de Relaciones Exteriores, Choquehuanca hizo un recuento de las solicitudes presentadas por el Estado peruano y de las respuestas dadas tanto por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) y las autoridades judiciales bolivianas, enmarcadas en tratados internacionales y leyes vigentes.
La nota de solicitud de la ampliación de la detención –dijo Choquehuanca– llegó a Bolivia el 9 de marzo y se comunicó de manera formal a las autoridades judiciales el 13 de marzo. “En este momento está en esa instancia (detención). Adicionalmente, el 16 de marzo recibimos formalmente de la cancillería del Perú la solicitud de expulsión, lo que ha dado lugar a varias interrogantes y declaraciones de autoridades para que sea expulsado”, explicó.
Sin embargo, Choquehuanca dejó en claro que para que proceda una expulsión, las autoridades peruanas tendrían que retirar la solicitud de detención preventiva y formalizar su pedido.
La decisión también se asumirá en consulta al Conare integrada por los ministerios de Gobierno, Justicia y relaciones Exteriores, “si retira la detención habría la figura de la extradición, la otra es de expulsión o devolución”.
Choquehuanca dijo que las decisiones adoptadas se enmarcaron en las normas vigentes y tratados internacionales, ya que antes de proceder a la detención de Belaunde y el retiro de la protección del Estado boliviano, se confirmó por informes solicitados a Naciones Unidas y al Defensor del Pueblo de Perú, que el empresario procesado por delitos de corrupción, goza de todas las garantías procesales en su país, para asumir su defensa. Belaunde ingresó al país el 1 de diciembre del año pasado, y el 16 del mismo mes, solicitó su refugio.
Según publicó ABI, El jefe de la diplomacia boliviana recordó que Belaúnde “ingresó ilegalmente” a Bolivia el 1 de diciembre pasado, después, el 16 de ese mismo mes solicitó refugio a la Conare nacional, y a partir del 17 de diciembre recibió el certificado de solicitante de refugiado.
Sin embargo, al no sustentar que en su país es un supuesto perseguido político, la Conare, el 20 de enero, dictó una Resolución negando la solicitud de refugio.
“El 13 de febrero ejerciendo sus derechos de solicitante presenta un recurso de impugnación y la comisión de impugnación analiza, tiene un plazo de 15 días, y el 6 de marzo esa Comisión de Impugnación resuelve, confirma el rechazo”, precisó.
En ese marco, a partir de ese día Belaunde perdió la protección del Estado, por eso fue detenido preventivamente, tras un mandamiento emitido por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, aunque recordó que esa detención vence el 21 de marzo.
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