La prensa, otra vez en la mira

Como pocas veces en nuestra historia política, a sólo dos meses del inicio de una nueva gestión gubernamental, la arremetida oficialista contra el periodismo ha tomado una virulencia tan grande como la que se registra ahora. En palabras simples, las garras aparecieron demasiado pronto, antes de que termine el idilio inicial gobierno - gobernados. Pese incluso a que en el inicio de su gestión el Presidente anunció propósitos de gobernar con todos y para todos. Parecía una señal positiva de concordia y tolerancia, tras nueve años de aparente confrontación.

Por lo ocurrido en los últimos días la perspectiva es otra. Es preocupante porque parece marcar una línea clara hacia un secante desconocimiento de las libertades de información, expresión y de opinión que son fundamento básico de cualquier democracia. Pero sobre todo por tantas contradicciones y señales contrapuestas.

En estos dos meses se han producido cinco agresiones físicas a periodistas, una amenaza, dos incidentes de acoso judicial, un periodista encarcelado y tres medios de comunicación con severas sanciones económicas. No parece casualidad, pero envía señales tan contradictorias que preocupan por sus eventuales repercusiones. Y en algunos casos por la magnitud de la estupidez con que se pretendió justificar algunos casos.

Sabido es que desde que asumió el actual gobierno, a cuya llegada al poder la mayoría de los medios de prensa saludó como una señal positiva de cambio, las principales autoridades pretendieron alinear a todos los medios bajo sus propias consignas. Comenzó entonces un proceso de estigmatización y de presiones que cada día se fue haciendo más intenso. El propio presidente llegó a calificar a la prensa independiente como su principal oposición.

Lo que ocurre ahora puede muy bien interpretarse como la consecuencia lógica de esa política. A diferencia de regímenes anteriores en que se censuró, se persiguió y se exilió periodistas, se recurre ahora al poder hegemónico sobre la justicia y se lo utiliza para darle un nuevo giro al torniquete.

El colmo del absurdo fue el apresamiento por vía directa expedita y “sin derecho al pataleo” de un colega que se atrevió a investigar la muerte de un bebé, aún sin esclarecer, ¿quién y por qué se ordenó apresarlo?

Cómo es que una juez dio curso de manera tan diligente al pedido fiscal. La proverbial retardación y negligencia judicial batieron esta vez el récord de diligencia.

Pero por encima de eso se atropelló de manera flagrante normas constitucionales, entre ellas las que protegen la libertad de información.

¿Qué de secreto o qué de tan reservado puede tener un caso de aparente negligencia médica como para que se movilice todo el aparato fiscal y policial, hasta ahora incapaz de esclarecer el caso, como para que se castigue con presión a un periodista que sólo cumplía su tarea de investigación profesional?

Curioso detalle, desde Viena el Ministro de Gobierno reconoció públicamente que en la actuación fiscal hubo un exceso. El Presidente del Senado, por su parte, apareció junto a los periodistas que protestaban contra la insólita medida judicial.

Los dos altos funcionarios del gobierno llegaron a esos cargos desde sus funciones de periodistas. Su actitud, además de solidaridad de gremio, podría interpretarse como una señal de que el gobierno no tuvo la menor injerencia en el desatino judicial. Que todo era nada más que fruto de una revancha fiscal frente a las tantas críticas y denuncias registradas en los últimos tiempos contra el ministerio público.

Pero en contraste, la Ministra de Comunicación, también del gremio, no dijo ni hizo absolutamente nada, que se sepa al respecto. ¿Estaría avalando la extraña represalia?

Por angas o mangas la imagen es que el proceso de desinstitucionalización e irrespeto a las normas vigentes se sale de cauce. Cualquier persona u organización con un mínimo de poder, al parecer, se siente con el derecho suficiente como para coartar libertades constitucionales.

Es el caso de los anónimos que amenazaron lanzando globos de sangre contra los domicilios de otros colegas o aquella de algún dirigente que amenazó en su momento con “sentarle la mano” a la periodista que denunció por primera vez las irregularidades en el Fondo Indígena y que hoy se confirman como el mayor escándalo de corrupción de los últimos años.

Dentro de ese mismo esquema se inscriben las otras sanciones impuestas ahora por el órgano electoral. En las últimas horas impuso multas económicas a tres medios por publicar información relativa a las próximas elecciones regionales.

Se llegó al punto de sancionar pecuniariamente a un medio del oriente por publicar una entrevista a algún candidato en la cual éste dio a conocer resultados de algunas encuestas que lo favorecen.

En ese caso se sancionó al mensajero como si fuera el responsable del mensaje que transmitía. La insólita sanción castiga la libertad de información, pero sobre todo el derecho de la gente a saber lo que dicen o hacen los candidatos.

Algo así como que si hubiera mucha basura que esconder bajo la alfombra.