Con una clara intención de afectar la independencia y autonomía de la institución defensorial, la fiscal de Materia de Tupiza, Victoria Fuertes, ordenó la detención de la representante departamental de la Defensoría del Pueblo en Potosí, Jackeline Alarcón, según Rolando Villena, defensor del Pueblo.
De acuerdo con Villena, esta actitud sería un funesto precedente que puede derivar en una grave afectación a la propia Constitución y el Estado de Derecho.
De la misma manera calificó de arbitraria e ilegal la decisión de Fuertes de emitir una orden de aprehensión contra la representante y señaló que responden a un afán de venganza personal contra la representante defensorial, quien hace cinco meses inició una investigación por denuncias de acoso laboral en el Ministerio Público de Potosí, trabajo que derivó en que la Defensoría del Pueblo emitiera una resolución que recomendaba al Fiscal General el inicio de investigaciones y procesos disciplinarios en contra de la fiscal Fuertes y otros servidores públicos involucrados, por ejercer maltratos, violencia sicológica y acoso laboral dentro de la Fiscalía potosina, caso que llevó a la suspensión del Fiscal Departamental de ese distrito y al traslado de Fuertes a Tupiza.
Además dijo que la Ley 1818 señala claramente que el Defensor del Pueblo mientras dure su mandato, "no podrá ser enjuiciado, acusado, perseguido o multado por actos que realice en el ejercicio de las atribuciones propias de su cargo”. “En este caso la doctora Alarcón actuó por delegación expresa del Defensor del Pueblo y en el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, la señalada Ley se refiere no únicamente al titular de la institución sino a la institución misma, lo que incluye a las y los servidores públicos que ejercen las funciones propias de la Defensoría", remarcó.
Finalmente el Defensor, a tiempo de expresar su confianza y apoyo incondicional a su representante como a todas y todos los servidores de la institución, anunció que se llevarán adelante todas las acciones que faculta la Constitución y la Ley, ante las instancias que corresponde y de ser necesario, ante instancias internacionales.
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