El contrabando, vergüenza estatal

Como resultado de una pésima política agraria que arrastra el Ministerio de Desarrollo Rural, el pueblo boliviano enfrenta una crisis alimentaria aguda que tiende a agravarse, pero que es encubierta por dos procedimientos. Esas dos fórmulas son el contrabando y la importación masiva de alimentos, dos factores que suman alrededor de mil millones de dólares al año.

El aspecto más agudo es el contrabando de alimentos, que obliga al Gobierno a hacer importaciones de varios productos de consumo popular, formándose, en esa forma, un círculo vicioso de nunca acabar, pero que, de continuar, será de nefastas consecuencias para nuestra Nación reducida a condición de mero Estado.

Según datos del Servicio de Sanidad Agropecuaria, el contrabando de alimentos comprende alrededor de 30 productos, cuya lista es necesario citar para confirmar la gravedad de la cuestión. Esos productos son: 1) hortalizas: arveja, acelga, ajo, ají, lechuga, cebolla, pimentón, pepino, vainita y tomate; 2) verduras: camote, zapallo, papa, cebada, trigo y arroz, 3) y las frutas: plátano, peras, paltas, pomelo naranjas, mandarinas, mango, manzanas, membrillo, melón, durazno, kiwi, uva, granadilla, fresas y otros, lista que debía hacer sonrojar a las autoridades encargadas de velar por la economía del país.

Se observa que en total el contrabando de alimentos para consumo interno pasa de 30 productos, lo cual significa un elevadísimo drenaje de divisas. No se toma en cuenta las grandes importaciones de trigo, harina y otros que realiza el Gobierno por más de 240 millones de bolivianos.

El contrabando de esos alimentos -según Senasag y la Aduana Nacional- se produce por todas las fronteras del país, en especial las relacionadas con las principales ciudades y poblaciones menores. Esos puestos fronterizos son: 1) Desaguadero que abastece los mercados de La Paz y Cochabamba; 2) Villazón para abastecer Potosí, Oruro, Chuquisaca y todo el sur del país; 3) Puerto Suárez y San Matías para atender Santa Cruz; 4) Yacuiba y Bermejo que atienden a Tarija; 5) Pisiga para el abasto de la población de Oruro y distritos mineros y 6) Riberalta para atender Pando y Beni.

La libertad de contrabando revela que el Gobierno ha puesto en práctica el libre comercio con países vecinos, que reciben grandes cantidades de moneda dura boliviana (divisas-oro). Pero algo más preocupante es que los precios de venta de los alimentos contrabandeados están matando lo último que queda de la agricultura en Bolivia, pues los agricultores no pueden hacer frente a la competencia de productos más baratos y mejor calidad. Es más, muchos agricultores abandonan el agro y migran a las ciudades, lo que permite concluir que si en apariencia la situación del país es envidiable, en el fondo es de notable gravedad.