Órgano Electoral cuestionado

En diversas actividades humanas, en las que la finalidad es competir para obtener el triunfo sobre los otros competidores, como las deportivas, culturales, políticas, etc., la contienda está debidamente reglamentada y quienes determinan el cumplimiento de esas reglas son los árbitros o jueces. Así, en las actividades deportivas son los árbitros los que “arbitran” la competencia, pero estas autoridades tienen que ser absolutamente imparciales, de tal manera que los ganadores tengan legitimidad, en caso contrario ese triunfo es espurio.

Es en la contienda electoral que se da, en el sistema de gobierno democrático para elegir a los gobernantes, por el pueblo en el ejercicio del voto, que los árbitros o jueces de esa contienda son los miembros de los tribunales u órganos electorales, quienes deben administrar los actos electorales y fundamentalmente tener la característica de ser un órgano independiente de los otros órganos políticos, para garantizar con su imparcialidad la pureza del voto ciudadano.

En los regímenes de gobierno que tienen como finalidad el poder por el poder y que hacen del ejercicio del poder, una función por el poder mismo, los actos electorales no son otra cosa que sainetes de lo que es la democracia, pues los tribunales electorales son sólo apéndices del poder político en el gobierno y sus actuaciones responden a esa situación, en desmedro de la democracia y con irrespeto a la voluntad del pueblo para elegir a sus gobernantes.

En nuestro país existe una penosa tradición histórica electoral sobre la manipulación interesada en favorecer al partido gobernante en las contiendas electorales, de tal manera que la democracia en su instancia de consulta al pueblo, ha sido casi siempre adulterada y, en consecuencia, afectados los derechos políticos de los ciudadanos.

En estos tiempos del proceso de cambio (?), los esfuerzos para consolidar una estructura institucional seria en cuanto al organismo electoral -con la designación de personalidades en la cúpula de ese órgano, como Huáscar Cajías y otros que le dieron credibilidad y como resultado un fortalecimiento a la democracia- han sido dejados de lado, pues se ha nombrado en las cortes nacional y departamental a individuos afines al Gobierno y en algunos casos a militantes del partido oficialista -como fue publicado en los medios escritos, donde el ex presidente y actual vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral aparece en actos políticos oficialistas-, de tal suerte que el Órgano Electoral ha perdido credibilidad y deslegitima los actos electorales.

El colega columnista de este prestigioso periódico, el periodista Alberto Zuazo Nathes, en una nota de opinión de 26 de noviembre de 2014, señala que en las circunscripciones 6, 7, 8, y 9 de nuestra querida La Paz, se habilitó a 513.884 ciudadanos y votaron 556.799, es decir 42.915 sufragantes más. En la ciudad de El Alto en las circunscripciones 10, 11, 12, y 13 estaban habilitados 493.086, pero votaron 527.984, con 34.898 en demasía, situación por la que, a la luz de las normas electorales, se debió haber anulado todas esas masas de las circunscripciones anotadas, lo mismo se denunció en Tarija, pero nada pasó luego de las elecciones generales de octubre del pasado año.

En nuestra ciudad la corte habilitó a una candidata que no residió el tiempo prescrito en la norma electoral para candidatear por una determinada circunscripción, y cuando fue denunciado el caso por la oposición, fue derivado a la Fiscalía, cuando debió inmediatamente ser inhabilitada la candidata por el Órgano Electoral.

En estas venideras elecciones para conformar los gobiernos subnacionales, todas las denuncias sobre candidatos oficialistas y del partido en el gobierno, por infracciones a normas electorales, fueron rechazadas, pero cuando es el oficialismo el que denuncia, con una celeridad que llama la atención, los candidatos y partidos de oposición son sancionados e incluso se “descalifica” a todo un partido que tiene ventaja en el Beni, por una infracción similar a la cometida también por el oficialismo, pero en este último caso fue rechazada la denuncia.

La actuación parcializada del Órgano Electoral no es sólo un atentado contra la justicia y la democracia, su parcialización está reñida con la moral.