Urge independizar a la justicia

En la actualidad, se tiene sólo en apariencia una justicia, porque todo el sistema judicial está subordinado al régimen político imperante. Por la experiencia acumulada, se llega a la conclusión de que no existe justicia en Bolivia. Se la degradó, a tal punto, de que se está a expensas de jueces y fiscales, que son los primeros en violar el orden jurídico establecido por la Constitución y las leyes.

Unas veces, por las órdenes superiores que recibe y otras por la corrupción individual, existente desde los altos cargos hasta los ujieres, pues todo tiene un precio o alguna condición onerosa.

Existe también otro factor que coadyuva decisivamente a que no se cuente con un sistema ágil y competente. La muy exigua asignación de recursos que se otorga al Órgano Judicial en los presupuestos anuales. Ello influye a que jueces y fiscales reciban modestos emolumentos y a que el número de juzgados en todo el país no esté en condiciones de atender oportunamente las causas judiciales, que año a año crecen casi geométricamente.

Esto último deriva en la retardación de justicia, por lo que, según informes autorizados, el 80% de las personas recluidas en las cárceles no tiene la respectiva sentencia, que es la que debe fijarles el tiempo de su pérdida de libertad. Con ello, no se hace otra cosa que atropellar sus derechos ciudadanos, aparte de causarles irreparables perjuicios personales y familiares.

La anomalía se traduce también en la baja atención que tienen los trámites judiciales. A inicios del presente mes de marzo, EL DIARIO informó que hasta el 28 de febrero pasado, en Bolivia estaban en trámite 852.000 procesos. Los que correspondían al Departamento de La Paz, sólo el 33% fueron atendidos en 2014.

La sumatoria de todas funestas consecuencias nadie las repara. En la sociedad urbana crea un sentimiento de enorme frustración. El contraste dramático ocurre en el área rural. La justicia comunitaria funciona con regularidad y eficiencia, sin que tenga costos para el Estado ni para las partes litigantes, siquiera hasta donde públicamente se conoce.

La iniciativa presidencial de convocar a una referendo, para que se decida el sistema que debe imponerse al sistema judicial, no prosperó mayormente, pero lo rescatable es lo que dijo Morales, en oportunidad lanzar la idea. Reconoció que el sistema judicial es “el centro de extorsión y corrupción”.

Implícitamente, admitió que ha sido un total fiasco la decisión que adoptó, para que el 16 de noviembre de 2011 se realice la elección de magistrados, pese a que, desde el inicio, tuvo la discrepancia ciudadana. La disconformidad se tradujo en el voto por el NO, que en el cómputo oficial resultó ser amplio ganador de la consulta.

En vez de que el oficialismo reconozca que estuvo equivocado y que, por tanto, había que anular el proceso electivo, persistió en el error y procedió a organizar el ahora Órgano Judicial -antes Poder- con los candidatos perdedores. Se dieron casos en los que sólo uno de los aspirantes tuvo votación mayoritaria, el resto no llegó ni al 15% de los votos emitidos.

En estos años, estos magistrados son los que subalternizaron sus funciones, salvo algunas excepciones, que nunca faltan. La crítica presidencial, entonces, recae en quienes contaron con su confianza para llegar a esas posiciones.

Desde aquel anuncio, no concretado, se difundieron en los medios de comunicación muchas iniciativas sobre la nueva forma de constituir el sistema judicial del país. Sin desmerecer ninguna de ellas, porque tienen el valor de ser un aporte valioso de servicio del país, dos propuestas serían tal vez las más viables, por provenir de juristas experimentados y de reconocido prestigio.

El Dr. Ramiro Loza publicó en EL DIARIO dos artículos relevantes por la factibilidad inmediata que puede aplicarse a la reforma, esto es sin mayores circunloquios. El primero, aparecido 12 de febrero, titula “Método práctico de saneamiento de la justicia” y, el segundo, de fecha 23 de febrero, titulado “Cambio en la Justicia requiere equipo apolítico”.

De su parte, el Dr. Carlos Alarcón Mondonio, por lo menos publicó en otros medios unos 4 valiosos aportes sobre los procedimientos que deben ser puestos en práctica, para alcanzar el remozamiento completo de la justicia nacional.

Es de esperar que el Gobierno los tome en cuenta y que rápidamente actúe, a menos que su propósito sea seguir sometiendo a la justicia, y que sólo por distraer la atención pública llegue a tacharla de extorsionadora y corrupta. Pese a estos gravísimos cargos, Morales no da un paso para eliminarlos. ¿Será porque el sistema judicial actual es producto de su propia factura y está sujeta a sus designios?