El turno de las pruebas

Este lunes deberá comenzar la presentación de las pruebas de la acusación en el Juicio del Siglo, en una fase que, al acercarse el sexto año de su génesis, pondrá a prueba la tesis del ex fiscal Marcelo Soza de que Bolivia fue víctima de una conjura para dividirla, previa capitulación del ejército y de atentados que iban a sembrar zozobra en el país. Ahora refugiado en Brasil, donde se ha declarado perseguido del gobierno al que responsabilizó de siembra de pruebas para avalar la tesis magnicida-terrorista-separatista, un juicio por extorsión contra el propio Soza comenzará una semana después.

Sin ser elementos legales de prueba, pues han sido desestimados por el tribunal que preside el juez Sixto Fernández, se estima que los documentos y declaraciones de Soza desde su fuga de Bolivia, continuarán en primera plana también en la etapa que empieza. El debate sobre la “Carta al Pueblo de Bolivia” y el documento que el ex fiscal presentó al Consejo Nacional de Refugiados, de Brasil, ha consumido largas jornadas sin zanjar la controversia sobre el asalto al Hotel Las Américas y sus secuelas. Soza aseguró en Brasil que su trabajo fue “desnaturalizado” por la injerencia de autoridades del gobierno y la presión que ejercían para que involucrase a dirigentes cruceños.

Al comenzar el año, había nueve detenidos con prisión preventiva en los penales de Santa Cruz y La Paz. Ahora hay cuatro. Cinco optaron por un “juicio abreviado” en el que se declararon culpables de los delitos que habían negado a lo largo de casi seis años, inclusive los dos sobrevivientes del asalto al Hotel Las Américas. Unos 15 de los 39 acusados se defienden bajo libertad condicional. Los demás optaron por irse de Bolivia o exiliarse subrayando su desconfianza en la imparcialidad de la justicia boliviana.

Abogados de la defensa subrayaron que las sentencias dictadas sobre los que se acogieron al juicio abreviado disponían castigos por complicidad en delitos, sin especificar quiénes eran los autores.

“Ustedes tienen que especificarnos la identidad de los autores”, dijo Otto Ritter a los miembros del tribunal, al concluir su defensa del general Gary Prado Salmón antes del último receso. (El acusado Juan Carlos Guedes, ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal acusaba de ser proveedor de armamento para el supuesto grupo separatista, dijo que los únicos tanques de la supuesta sedición eran las sillas de ruedas del militar y la de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, uno de los que decidió declararse culpable.)

La etapa que empieza esta semana podría abrirse con la presentación de los testigos de la acusación, entre ellos más de 40 personas entre testigos y participantes del asalto al hotel.

El año pasado, en la etapa en la que la defensa convocó a testigos, éstos poco pudieron hablar debido a las objeciones de los fiscales y los abogados del Ministerio de Gobierno que impidieron que aclarasen cuestiones que los acusados consideraban básicas para mostrar al tribunal la insostenibilidad de la tesis de Soza. Se espera una repetición de la secuencia de objeciones, pero desde el lado de la defensa.

“Vamos a devolverles la moneda”, dijo uno de los abogados defensores.

Soza prometía en la acusación que presentó a fines de 2010 que los testigos de cargo avalarían plenamente su tesis. Él mismo, sin embargo, la puso en entredicho cuando fugó a Brasil y ahora corresponde a sus sucesores defenderla.

La fase también promete ser una prueba para el tribunal, cuya imparcialidad es puesta en duda por los acusados, que lo tildan de vacilante en las raras ocasiones que desestima posiciones de los fiscales.

El juicio que instaurado contra Soza en La Paz, acusado de extorsionar a algunos de los que él había acusado de terrorismo, alzamiento armado y separatismo, deberá comenzar en su fase oral el 30 de este mes y la sentencia podría ser emitida el siguiente 1 de abril. Soza ha sido declarado rebelde y la defensa será asumida por sus abogados.

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