Defensoría pide declaratoria de alerta
La Defensoría del Pueblo informó que hasta la fecha se registraron diez casos de asesinatos de niños, niñas y adolescentes en el país y advirtió la presunta complicidad de las autoridades que no declararan alerta frente a la violencia.
El Defensor acotó que desde 2013 se alertó de manera recurrente los extremos niveles de violencia que sufren, especialmente, las niñas y las adolescentes en nuestro país, lo que se refleja particularmente en la violencia sexual, el acoso y la discriminación que no solamente son crecientes sino que ocurren en el silencio, la indefensión y la complicidad.
“Hasta ahora se han conocido de 10 casos de asesinatos de niñas y niños en lo que va del año; en 2014 esta cifra alcanzó a 72 y pese a la sucesión de hechos, a la evidencia de que se trata de un problema de gravedad extrema, las instituciones del Gobierno, las alcaldías y las gobernaciones mantienen una actitud displicente, irresponsable y hasta cómplice con esta situación”, expresó Rolando Villena, defensor del Pueblo.
Como una de las primeras tareas que se debe encarar –dijo– es insistir en la aprobación de la alerta contra la violencia hacia la mujer, tanto en el nivel central como en los departamentos y municipios, especialmente en El Alto, Santa Cruz y Pando, donde pese a las evidencias se muestra una negación culpable. Al respecto queremos anunciar que estamos analizando tomar acciones contra las autoridades de estas instituciones ya que consideramos que la negativa ingresa en el campo del incumplimiento de deberes legales.
La declaratoria de alerta se debe realizar al nivel central, departamental y municipal, con mayor énfasis en la ciudad de El Alto, Santa Cruz y Pando, donde se registran en gran número este tipo de casos de asesinato de menores.
El último hecho que consternó a la sociedad boliviana es el asesinato de Esther Noemí Ajnota Mamani (13), quien fue encontrada maniatada, violada y asesinada en su casa de la zona Señor de Exaltación, Distrito 12 de la ciudad de El Alto.
Ante este tipo acontecimientos, el Defensor del Pueblo criticó el accionar de las autoridades locales al no cumplir su palabra de trabajar por la seguridad ciudadana.
"Se han negado a aprobar una simple ley de declaratoria contra la violencia hacia la mujer que asignaría recursos y comprometería a toda la institucionalidad en este objetivo", remarcó.
En ese sentido demandó la necesidad que el Ministerio Público y el sistema judicial activen mecanismos expeditos y efectivos para sancionar con las más duras penas a quienes cometan delitos como los que asesinaron a Esther y lo hagan con la misma celeridad y firmeza con que se están sancionando los feminicidios demostrando que cuando hay voluntad política es posible asumir acciones coherentes y sostenidas.
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