“Una ley no puede supeditar la CPE”

El presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales reconoció que la Ley de Régimen Electoral y muchas otras normas se ponen por encima a la Constitución Política del Estado (CPE) y la subordinan. Por ello se mostró inclinado a pensar que debe haber reformas legales a futuro. También cuestionó que Unidad Democrática (UD) no haya planteado antes los cambios a las normas que presumen son inconstitucionales.

Consultado sobre si se podría modificar esta norma, Gonzales dijo: “Ese es otro tema, yo en eso estoy de acuerdo, si hay tramos de las leyes y no solo de ésta (Ley del Régimen Electoral) si no de muchas otras, donde definitivamente se subordina la CPE que es cierto reconoce los derechos políticos y cuando estos caducan... una ley no puede supeditar a la norma máxima que es la Constitución”.

En ese marco, Gonzales cuestionó la afirmación del expresidente y portavoz de la demanda marítima, Carlos Mesa, quien calificó la sanción del artículo 136 de la Ley 026 del Régimen Electoral como “desproporcionada”.

La aplicación de dicha regla derivó en la cancelación de la personería jurídica de la alianza UD en el departamento del Beni. “¿Dónde estaba el señor Carlos Mesa cuando eliminaron a nuestro candidato a la gobernación tarijeña Carlos Cabrera (MAS)?, ¿dónde estaba el señor Mesa?, ¿por qué no dijo que la norma era desproporcionada cuando Cabrera fue inhabilitado? ¿Que lo dejaron fuera simplemente porque no renunció? Un tema menor...”, polemizó.

UD sostiene que el artículo 136 de la Ley 026 del régimen electoral viola los derechos políticos, porque sanciona con la eliminación de la personería jurídica de un partido o agrupación política e inhabilita a sus candidatos por una infracción menor, violando de ese modo el derecho a la representación y a tener derechos políticos establecidos en la CPE.

Mientras tanto el ministro de Autonomías, Hugo Siles, planteó que una eventual modificación de la Ley del Régimen Electoral debe plantearse “posteriormente”, pero que ahora se debe cumplir la norma independientemente los intereses político partidarios.

“La ley está vigente y será la Asamblea la que analice con el resto de los actores políticos”, propuso.

A su vez, Gonzales anticipó que cualquier acción de inconstitucionalidad sobre la Ley 026 debe regir para los futuros procesos electorales y no el del 29 de marzo.

Antes de conocer la decisión del organismo electoral de inhabilitar a sus 228 candidatos, UD decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional con una acción concreta de inconstitucionalidad.

“Si va a hacer una demanda de inconstitucionalidad podría ser ahora, pero para las próximas elecciones. Ellos aceptaron las reglas del juego, las han violado y cuando reciben una sanción, chillan y recién alegan la inconstitucionalidad”, declaró Gonzales.