El Ministro de Economía criticó a la empresa privada nacional calificando como una “vergüenza” su nivel de inversión e incitándola a que en próximos años suba sus inversiones de 1.200 millones de dólares al año a 3.000 millones, lo cual serviría para que la economía del país no se estanque como efecto de la caída de los precios de las materias primas.
De otro lado, el Presidente del Estado señaló que las inversiones estatales subieron de 69 millones el 2005 a 4.500 millones el año 2014 y llegarán a 6.179 millones para este año. Agregó que mientras se produjo esa subida de las inversiones públicas, las privadas fueron muy bajas, pese a que las ganancias de éstas fueron elevadas, pues -aseveró-, mientras en 2005 sus beneficios llegaron a 600 millones de dólares, en 2014 pasaron de los 4.000 millones de dólares, vale decir que mientras la inversión privada sólo creció en 33 por ciento, la estatal aumentó en cerca del 500 por ciento.
La exigencia de las autoridades nacionales fue más notoria porque el 11 de marzo pasado se redujo el crecimiento de la economía boliviana de 5,9 por ciento a sólo el 5 por ciento, diferencia que podría ser aminorada en caso de que los privados realicen mayores inversiones, aunque, según el presidente de la CEPB, dicho sector sólo crecerá en algo más del 13 por ciento y así pasará de los 1.700 millones, respecto al 2014 cuando el crecimiento fue de 1.500 millones de dólares.
Pero ello se debe preguntar ¿por qué las inversiones privadas están estancadas y tienen pocas perspectivas de subir? La cuestión no es algo desconocido, pues lo que “corre” a los inversionistas nacionales y extranjeros son problemas políticos y jurídicos a cuál más agudos y que se los deja sin solución. Por ejemplo la Ley de minería está sin reglamentación y norma tributaria hasta ahora no definida.
En efecto, en los términos más generales, en vez de que el Gobierno libere la economía del país de las dificultades del feudalismo y el coloniaje, la somete a nuevas trabas y así, en vez de avanzar, la economía retrocede a sistemas medievales y comunitarios, donde todo se esteriliza, excepto la producción de coca y derivados.
Las inversiones podrían “llover” en el país en caso de que existieran libertades democráticas y se dejara de lado la creencia absurda de que aquí se puede aplicar la ideología populista, que consiste en construir el sistema socialista sobre los saldos de las comunidades indígenas, sin pasar previamente por la etapa capitalista, lo que es sueño utópico y anarquista y es más bien antisocialista.
Si bien el Estado hace grandes inversiones (algunas discutibles, por cierto), ello se debe a que dispone de grandes ingresos por los altos precios de las materias primas, el sistema extractivista, la práctica de métodos monopolistas, actúa sin control, dispone de las ganancias en forma ilimitada, ni qué decir del despilfarro e ineficiencia en empresas públicas y el altísimo grado de corrupción con dinero del pueblo, como en el caso del Fondo indígena, entre otros.
Solamente cuando el Estado eche por la borda su reaccionaria ideología populista de ultra derecha y encarrile al país por la senda del desarrollo histórico nacional y democrático, entonces se podrá esperar que las inversiones privadas tengan alto nivel, el país ingrese en una etapa de progreso y no se tenga que caer en lamentaciones y adjetivos impertinentes, como el referido a “fusilamientos”.
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