Juzgado de Santa Ana rechaza amparo

Se confirma salida de UD de elecciones



VOCAL DEL TSE DINA CHUQUIMIA.
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A pesar de la acción de amparo constitucional emitido a favor de la alianza Unidad Demócrata (UD) Beni por parte de la Fiscalía de Santa Ana del Yacuma, dicha organización política está definitivamente inhabilitada así como sus 228 candidatos dado que el Órgano Electoral, como máxima instancia, ya emitió el pasado viernes su veredicto anulándolo de las elecciones, afirmó a EL DIARIO la vocal Dina Chuquimia.

Además una segunda resolución anuló la admisión de dicho amparo con lo cual esta organización política quedó fuera.

“La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha emitido una resolución donde se comunica la cancelación oficial de la alianza Unidad Demócrata Beni, lo que significa que en este momento esos candidatos prácticamente ya no están en carrera”, afirmó la autoridad.

La tarde del martes se remitió de forma oficial al TSE una comunicación con una acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Ascarrunz Barberi y Luis Fernando Roca contra los vocales del TSE, por las multas y sanciones que se emitieron a la alianza UD Beni que fue inhabilitada para el proceso electoral del domingo.

Ayer en la tarde, según la página virtual de El Deber, la misma instancia judicial emitió una segunda resolución que revoca la admisión del amparo constitucional presentado por los candidatos de UD en contra de la resolución del TSE que les quita la personería jurídica y los inhabilita.

El abogado de UD, Jorge Durán, explicó que el juzgado rechazó el amparo porque esta instancia se declaró incompetente para resolver el castigo del Órgano Electoral.

En la mañana el líder y candidato inhabilitado por UD Beni, Ernesto Suárez, afirmó que el amparo constitucional a su favor emitido por la Fiscalía de Santa Ana del Yacuma le da la posibilidad de seguir en carrera electoral.

INFORME A LA CIDH

De la misma manera, la autoridad informó que el TSE procedió a enviar el informe solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la denuncia presentada por UD por su inhabilitación.

“Toda la documentación solicitada que llegó a través de la Cancillería y de la Procuraduría está siendo remitida a través de las vías correspondientes y las partes formales que tenemos que cumplir”, indicó Chuquimia.

La CIDH respondió a la denuncia de Unidad Demócrata y solicitó al Estado boliviano información sobre la cancelación de la sigla de esta alianza política y la inhabilitación de sus 228 candidatos en el Beni.

El excandidato a la Gobernación del Beni, Ernesto Suárez, destacó la rápida atención de este ente internacional que respondió en 24 horas a la denuncia que presentaron por la presunta violación del derecho político de los 228 candidatos de UD que quedaron fuera de la carrera electoral tras un fallo del Órgano Electoral.

SIN ALTERACIONES

Ante el complicado panorama y la incertidumbre de la ciudadanía del departamento del Beni, que quiere saber con certeza cuáles candidatos están habilitados y cuáles no y el consiguiente pedido de postergar por lo menos dos semanas las elecciones en dicha región, el TSE descartó cualquier modificación al Calendario Electoral y que su cumplimiento será estricto en todo el país.

“Nos remitimos a lo que manda la Ley del Régimen Electoral que dice que no se puede paralizar ningún proceso electoral en tanto no exista una causal como un desastre natural que pueda darse de hoy hasta el domingo. De otra forma no es posible paralizar el proceso electoral cuando estamos a tres días de las elecciones”, explicó Chuquimia.

MOVIMIENTO

La jornada pasada gran parte de las y los ciudadanos que habitan en el departamento del Beni salieron a las principales calles de las ciudades, unos a pie, otros en motocicletas portando banderas con los colores característicos de su región. Pedían el respeto a su derecho político y democrático de emitir su voto por la o el candidato que ellos elijan.

Para el líder de UD, Beni Ernesto Suárez, los responsables de estas movilizaciones en el Beni son las autoridades electorales por haber inhabilitado a su organización política.

 
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