Pésima administración de Justicia

Pese a todos los anuncios sobre mejoras en el manejo de los tribunales de justicia con las incitaciones de todo tipo que reciben jueces, fiscales y personal de apoyo, continúan las graves falencias en la administración de justicia. Todo muestra que no hay receptividad en quienes reciben los mensajes. Mucho se ha dicho sobre la urgencia de proceder a una reestructuración completa del Poder Judicial; pero, que se sepa, a ningún nivel se ha dado pasos que permitan cambiar lo que actualmente ocurre y que es característica de muchas décadas.

A propósito de la pésima administración de justicia, Dn. Francisco Quevedo decía: “Donde no hay justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría”. Efectivamente, todo muestra que habría ciertas conductas en quienes tienen a su cargo el manejo de los tribunales y sus dependencias y, para mayor justificación a lo dicho por el gran dramaturgo Quevedo, corresponde anotar lo que señala el propio diccionario de la lengua: “Imbecilidad.- Escasez de razón, perturbación del sentido; acción que se considera improcedente, sin sentido y que molesta. Flaqueza, debilidad”.

Efectivamente, no hay razón para lo mal que se hace y hay mucha debilidad en los procedimientos; no hay motivo para comportamientos que no corresponden y que dañan hasta el sentido más elemental de justicia.

Lo grave de la actual situación es que no hay reacción en quienes deberían preocuparse del grave problema, como son los colegios de abogados, las escuelas de derecho de todas las universidades, las organizaciones profesionales y, por supuesto, las comisiones respectivas del Poder Legislativo.

El caso de las universidades es patético porque no hay preocupación alguna por encomendar a estudiantes que realicen investigaciones sobre la administración de justicia, sobre procedimientos y casos de jurisprudencia que podrían dar luces para estudiar, investigar y redactar nuevos procedimientos, conductas y acciones de jueces, fiscales y personal de apoyo. Tampoco hay coordinación alguna entre los diversos colegios departamentales de abogados que puedan conformar comisiones que estudien el caso.

Hay poca lógica y ningún sentido en que se haga declaraciones simples sobre la “urgencia de administrar bien la justicia” sin el aporte de ideas, criterios, experiencias, etc. Tampoco hay estudios sobre la situación de jueces, fiscales y personal en lo que se refiere a disponibilidad de infraestructura, para que puedan trabajar en condiciones humanas, que perciban sueldos dignos y, sobre todo, tengan los apoyos necesarios de personal auxiliar; tampoco hay estudios en lo referido a incrementar la cantidad de jueces para que los casos sean atendidos y juzgados oportunamente.

Será preciso que Gobierno, poder Legislativo e instituciones del derecho se preocupen de este grave problema.