Las más altas autoridades del poder político del Estado han solicitado a los empresarios privados del país que inviertan recursos económicos en actividades productivas, en alguna medida cambiando de discurso, pues en las primeras gestiones de este gobierno adoptaron políticas restrictivas al desarrollo de la actividad privada, seguramente influidas por su ideología estatista.
La actividad privada en el desarrollo de las sociedades es muy importante, pues genera actividad económica, empleo y pago de tributos al tesoro público, por esas razones los administradores del Estado deben tener políticas que incentiven esa actividad, en especial cuando ésta puede generar ingreso de divisas por exportaciones. En nuestro país el sector empresarial privado, en especial aquel dedicado a la producción manufacturera, minera y agropecuaria, ha bajado considerablemente su actividad, debido a factores como ausencia de mercado interno; crecimiento de las importaciones de todo tipo de productos; bajo valor de la divisa norteamericana, lo que desincentiva las exportaciones; trabas burocráticas de las entidades fiscales de regulación, control y recaudación de tributos y en especial la ausencia de seguridad jurídica.
Si bien la Constitución Política del Estado garantiza un acceso a la justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (Art. 115, II), la realidad es distinta, pues la justicia en nuestro país es casi inexistente. Primero porque carece de independencia del poder político, sus operadores no son idóneos (salvo excepciones) y muchos jueces y fiscales son corruptos. En las condiciones en que se desenvuelve nuestra justicia, es poco probable que los inversionistas privados del país y el exterior se animen a invertir recursos económicos en actividades empresariales productivas.
Otra de las causas de la inseguridad jurídica radica en la ausencia de políticas públicas de incentivo a la producción privada, por el contrario, los discursos políticos cargados de posturas ideológicas y demagógicas de algunas altas autoridades del Estado, como aquella del “comunitarismo”, han ocasionado que los denominados comunarios que radican en las áreas rurales y provincias del país, hayan asumido que todo lo que existe en las áreas rurales y localidades urbanas provinciales son de su propiedad. Y a título de “comunitarismo” se han apropiado de minas (sólo en el departamento paceño llegan a casi un centenar), de predios rurales y empresas de actividad agropecuaria, de propiedades rústicas e incluso de haciendas productivas y propiedades inmuebles en las provincias y sus capitales, sin que exista autoridad judicial o de otra categoría que pueda poner coto a esta conducta delictiva y anticonstitucional, pues la Constitución del Estado Plurinacional garantiza la propiedad privada.
Ciertas políticas de gobierno, como el doble aguinaldo, o la pérdida de la propiedad industrial en caso de quiebra o falencia económica, han determinado que algunos trabajadores inducidos por dirigentes avisados lleven a la quiebra a la empresa donde trabajan, para luego apropiarse de la misma -conozco varios casos-, es decir que desde el poder político se ha dado los argumentos legales para apropiarse de lo ajeno.
Para que el capital, entendido como el conjunto de recursos financieros, bienes de capital (maquinaria, herramientas, edificios, etc.) y gerencia (management), radique en el país, una de las condiciones importantes es la seguridad jurídica, la que en nuestra realidad es inexistente. Además los discursos de los gobernantes actuales en contra del capitalismo, resultan contrarios a sus intereses.
El capital para la gestión empresarial es básico, pues sin ésta no hay empresa y menos desarrollo social, en consecuencia, la solicitud de los gobernantes del Movimiento Al Socialismo a los empresarios en demanda de inversiones, debe corresponder a la implementación de una política seria con incentivo al capital privado, lo mismo que los discursos, pues los hechos y los discursos deben tener correspondencia, ya que en contrario son sólo posturas.
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