II
Pastor Baptista Gonzales
El actual Consejo de la Magistratura como parte del Órgano Judicial está “podrido”, y no funciona correctamente, porque trasciende que los cargos son para el mejor postor, por lo que se impone su reestructuración, con abogados de prestigio y experiencia judicial; también es necesaria la reformulación de atribuciones.
El nuevo ente de la magistratura debe estar supeditado y coadyuvar al Órgano Judicial, porque éste por definición es un Poder del Estado y no puede tener otro Poder sobre sí, como sucede actualmente, debido a la deficiencia, confusión, vacíos y contradicción de sus atribuciones.
El mismo debe reformular sus atribuciones y agregar las siguientes:
a) Crear juzgados según crecimiento vegetativo. b) Reglamentar la distribución de trabajo judicial. c) Limitar la excesiva carga procesal. d) Crear mecanismos de control de desempeño judicial. e) Crear bono pro - resolución de causas -se explica abajo. f) Respetar la carrera judicial de jueces probos. g) Promover ascenso de jueces idóneos. h) Elevar informe de labores al Tribunal Supremo de Justicia. i) Otros.
2.- ASPECTO PROCEDIMENTAL
A fin de agilizar el movimiento de causas y evitar congestionamiento, se debe aplicar obligatoriamente el procedimiento de conciliación, en materia civil en todos los casos que proceda (Arts. 180, 181, 182, CPC). Y en materia penal, solamente en casos de delitos leves y menor cuantía. La aplicación de este procedimiento evitará la retardación.
3.- RETARDACIÓN DE JUSTICIA, CAUSAS, SOLUCIÓN
La retardación de justicia, como sabemos, consiste en no proveer decretos de mero trámite, no dictar resoluciones ni concluir procesos en los términos que establece la ley, lo que se ha hecho costumbre y es uno de los mayores problemas en la administración de justicia.
Las causas principales de la retardación de justicia, entre otras, son: 1) La excesiva carga procesal -debido al crecimiento vegetativo de la población- y 2) El factor económico -bajo haber, para un cargo de mucha responsabilidad- . Luego sabemos que el factor económico es determinante en la retardación de justicia, es ahí donde abogados y litigantes se ven obligados a ofrecer “reconocimiento” para conseguir el despacho de sus asuntos y algunos jueces aceptan, originándose la corrupción.
Para evitar estos males se sugiere: 1) Limitar la carga procesal y 2) Otorgar un Bono pro–resolución de causas. Así el juez no tendrá motivo o pretexto para no dictar resoluciones en los términos de ley. Al respecto, se sabe que representantes de instituciones públicas en contratos de obras de construcción en general, piden o cobran una “coimisión” o porcentaje del 10% del costo de la obra y actualmente 20% o más, lo que se ha hecho costumbre y es ilegal, mientras que el bono pro-resolución de causas sería legal, compensaría el bajo haber y resolvería la retardación de justicia y la corrupción. Sin embargo la concesión de este bono debe estar bajo mecanismo de estricto control y sanción de destitución ipso-facto del cargo en caso de incumplimiento. Así se evitará el círculo vicioso de la corrupción.
ACLARACIÓN
En estas consideraciones no se tomó en cuenta el aspecto ético o moral, porque no existe poder humano ni institución educativa superior que logre influir y/o cambiar la mentalidad y motivaciones del hombre, “lo que natura no da, Salamanca non presta”. La clave para solucionar el problema de la mala administración de justicia, retardación y corrupción consideramos que está en crear mecanismos jurídico-económicos bajo estricto control.
CONCLUSIÓN
Finalmente, si el Gobierno quiere de verdad solucionar el problema de la mala administración de justicia, debe empezar respetando la independencia del Órgano Judicial y convocar a una cumbre del Órgano integrada por ministros del Tribunal Supremo, vocales de Corte de Distrito, jueces, abogados e instituciones relacionadas con la ciencia del derecho y la actividad profesional, sin intromisión de legos en la materia ni influencia política, quienes en base a conocimiento de las causas de la problemática, experiencia judicial y espíritu de justicia, deben solucionar el problema de la mala administración de justicia. Y también debe participar la prensa y las Facultades de Derecho de universidades.
El autor es rentista del Poder Judicial.
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