La participación social en la educación boliviana

Un componente importante en la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez es la inserción de la estructura de la participación social en la educación, como anhelo visible de los trabajadores, reflejado en el proyecto educativo popular de la COB, para que la sociedad civil participe en los mecanismos de decisión estatal, frente al marginamiento del que era objeto en la administración educativa.

A pesar de constituir la Participación Popular una aspiración de los trabajadores, una vez incluida en las leyes de la Reforma Educativa, mereció una tenaz e inesperada resistencia de organismos sindicales del Magisterio, por la discrepancia sobre cómo fue aplicada y la concepción ideológica que entrañaba la participación de los padres y madres de familia en la educación.

Estos desacuerdos de fondo son generadores de una multiplicidad de problemas, y la realidad dejó al descubierto que la Participación Social aún no ha logrado resolver sus crónicos problemas.

Los antecedentes de la Participación Social en la Educación se remontan a 1930, cuando se declaró la Autonomía de la Educación, dirigida por un Consejo Nacional conformado con representantes de la sociedad civil. Pero esta experiencia tuvo duración efímera, restituyéndose posteriormente la dirección del sistema educativo a manos del Estado.

Desde entonces varios fueron los proyectos e intentos de plasmar una real Participación Social, exigiendo que el Consejo Nacional tenga poder de decisión y aplique las resoluciones adoptadas en Congresos Nacionales de Educación, en los cuales deliberan todas las organizaciones vivas de la sociedad civil. De esta manera la tuición, el manejo, la gestión y administración de la educación dejaría de ser una facultad exclusiva y privativa del Estado y no respondería ni estaría sujeta a los vaivenes políticos de los partidos o gobiernos de turno; su orientación respondería a los postulados educativos trazados por el pueblo.

La Reforma Educativa de 1955, como consecuencia de la Revolución de 1952, fue concebida en el marco de la doctrina liberalista de carácter nacionalista y contenía profundas proyecciones de carácter social. En cuanto a la participación social en la educación, incorpora en el Código de la Educación de entonces, las Juntas de Auxilio Escolar con facultades muy limitadas de simple apoyo al trabajo del maestro.

Más tarde sobrevienen procesos de retrocesos tendientes a conculcar el Código de la Educación Boliviana y en todos estos periodos se reafirma la verticalidad del Estado en la Administración Educativa, el cual adquiriere un matiz dictatorial en su forma de conducción.

En 1985 adviene la política neoliberal, etapa en la cual se actúa con base en condicionamientos externos. Se implementa la Reforma Educativa y en cuanto a la Administración Educativa, se reafirma el control exclusivo del Estado, con una supuesta y aparente Participación Popular, con objetivos que favorezcan a la ideología del modelo imperante

En síntesis, a la Ley 1.565 sólo le interesó aplicar la participación de las juntas escolares a nivel de las bases en las unidades educativas sobre aspectos poco trascedentes, y no así en los niveles superiores de decisión, donde subsistió el monopolio autoritario del Estado a través del Ministerio de Educación.

Por estas contradicciones se focaliza otros aspectos problemáticos de segundo orden, como la caprichosa interpretación de la Participación Popular por parte del Magisterio y los padres de familia, como consecuencia de una conceptualización e información del Reglamento de la Juntas Escolares, confusión que se agudizó frente a la gran pluralidad de ideas y posiciones existentes respecto a como debiera ser la participación social en la educación.

En este escenario, las instancias sindicalizadas consideraron la participación de los padres de familia como un ardid o simulacro diseñado por representantes del neoliberalismo, tendente a desviar la atención del anhelo histórico del Magisterio boliviano, que fue la primera institución en plantear desde el primer Congreso Pedagógico la necesidad de incorporar en la educación una verdadera Participación Social.

Pero a la postre, el mismo Magisterio acabó cuestionando la participación de los padres de familia, por factores de orden político e ideológico, considerando que la ex Reforma Educativa tuvo el propósito de convertir la participación social en un instrumento de manipulación partidista, para imponer la Ley 1.565 y asfixiar o descomprimir las protestas laborales de reivindicación del Magisterio, desnaturalizando así la esencia de una auténtica participación social.

En la actualidad la denominada Participación Social Comunitaria y de los Padres de Familia está reconocida en la Constitución Política del Estado y la Ley Elizardo Pérez-Avelino Siñani; pero a cinco años de su vigencia, aún no existe el nuevo Reglamento que norme dicha participación y sólo se conoce el cambio de nombre de “Juntas Escolares” por “Consejos Educativos”.

Entonces la participación de los padres y madres de familia quedó únicamente en rótulos, por cuanto el Título IV de las disposiciones transitorias y finales de la Ley 070 abroga la anterior Reforma Educativa, pero al mismo tiempo establece que en tanto se elabore y apruebe reglamentaciones para cada ámbito específico, continuará vigente el marco normativo anterior.

Es decir que a la fecha los Consejos Educativos aún están regidos por el anterior Reglamento de las Juntas Escolares, pero en la práctica la participación se desenvuelve en un mar de incertidumbre e indefiniciones, no obstante que según el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo la participación social adquiere un rol relevante e imprescindible en todo el proceso educativo…

La Ley 070 sostiene que la educación es comunitaria, participativa, democrática y de consensos, descolonizadora, revolucionaria, anti imperialista y transformadora, entonces el Nuevo Reglamento de la Participación Social Comunitaria debe corresponder a estos postulados, otorgando a la sociedad el derecho a una y fidedigna participación, que genere un clima de entendimiento entre los actores sociales de la participación social y el Magisterio.

El autor es Presidente de la Asociación de Directores de La Paz.