Periodista denuncia amedrentamiento

Oruro, (ANP) – Agentes de civil siguen sus actividades, toman fotografías mientras realiza la cobertura de noticias para el canal de televisión privado PAT y las comunicaciones a través de su teléfono celular se cortan en medio de los diálogos como signo de una intervención electrónica. La periodista Irene Torrez teme por su seguridad y de sus dos niños a los que cuida como madre soltera, declaró a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).

La periodista Torrez fue golpeada en la tarde del lunes 30 de marzo, por el acompañante del hermano del presidente Evo Morales, que fue identificado como Alberto Lazo, un supuesto asesor de la Brigada Parlamentaria de Oruro que aparentaba un estado de embriaguez.

Junto a su colega de la Red Uno de televisión, Edwin Choque, la periodista acudió a cubrir una discusión entre policías de tránsito y los ocupantes de un vehículo conducido por Lazo. Junto a él viajaba en el motorizado el hermano del Presidente, Hugo Morales.

Morales y Lazo descendieron del vehículo y agredieron verbalmente a los dos reporteros. El segundo intentó arrebatar una cámara de video a Torrez para evitar que la escena sea grabada en video.

Un golpe en la costilla, provocado por un empujón contra el vehículo de ambos agresores, y moretones en los brazos fueron verificados por un médico forense que dispuso una baja médica por 4 días para la periodista.

Ayer, un fiscal elegido por sorteo recibió el cuaderno de investigaciones abierto por el fiscal de turno, Danni Cossío, y en veinte días, según el procedimiento, debe concluir las investigaciones del caso.

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO) exigió que el fiscal general de la Nación, Ramiro Guerrero, intervenga con la finalidad de esclarecer el hecho.

La ANP reclamó una investigación y la sanción a los responsables de la agresión a los dos periodistas. La organización que agrupa a los principales medios impresos de Bolivia, lamentó que se imponga una suerte de impunidad sobre los casos de agresiones a periodistas.