El director de Asesoría Jurídica de la Comuna, José García, informó que mediante procesos penales el Municipio recobró más de 2.066.350 bolivianos por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos en gestiones ediles pasadas.
“Hemos venido entablando varios procesos penales, nosotros nos sentimos satisfechos por la recuperación de estos bienes, queremos informar que estos procesos son de gestiones municipales pasadas, en la que también estaban incriminados funcionarios municipales que habrían incumplido en sus deberes”, explicó el entrevistado.
Esta oficina edil tiene registrados 222 procesos por hechos delictivos, por lo cual, se instauraron procesos penales que son ventilados en instancias judiciales en coordinación con el Ministerio Público.
Según información oficial, la Dirección de Asesoría Jurídica de la Comuna recabó pruebas sobre enriquecimiento ilícito, con afectación al Estado, contribuciones y ventajas, hurtos, malversación de bienes, uso indebido de bienes públicos, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes entre otros ilícitos.
REMATE
Por otra parte, García informó sobre el embargo de los bienes de la empresa constructora Sermac SRL, mediante un proceso penal por incumplimiento de deberes en anteriores gestiones ediles.
“Es así que mediante procesos penales se está haciendo la recuperación de bienes inmuebles en favor del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto, mediante una resolución de contrato se ha hecho un proceso judicial a esta empresa”, expresó la autoridad.
De acuerdo con García, a la fecha esta compañía estaría siendo embargada, puesto que no habría cumplido un contrato de adjudicación de una obra en gestiones pasadas, el monto recuperado por la deuda asciende a 970.000 dólares americanos.
“Estamos esperando el remate de este inmueble para que el Municipio perciba estos recursos, y que se destine lo incautado por el bien de la población, nosotros presentaremos los informes necesarios para demostrar este incumplimiento”, señaló el entrevistado.
Asimismo, aseguró que existen varios procesos que datan de 2005, donde se afectó al Estado en la construcción de obras, además de la provisión de materiales de trabajo, según informes del Gobierno Municipal que en breve serían hechos público.
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