En Bolivia fácilmente olvidamos las épocas de crisis y obramos considerando la coyuntura del momento, pasando por alto las enseñanzas que dejaron dichas épocas. En el caso de la minería y luego de la nacionalización de las minas en 1952, olvidamos que las caídas de los precios de algunos minerales ocasionaron el cierre de las minas Pulacayo (1959), Kami (1962) y Bolsa Negra (1963).
No asumimos el que todas las empresas mineras deben ser bien manejadas y dar utilidades, y no ser subvencionadas por el Estado. Al contrario, se consideró a las minas empresas de carácter social y se contrató a miles de supernumerarios, se implantó una política salarial incoherente y se mantuvo la pulpería barata, que en la mina San José era mayor que el costo de operación de algunas minas privadas y que en 1985 (hiperinflación) significó el 66% del costo labor de COMIBOL. El DS 21.060 (29/08/1985) eliminó la pulpería barata.
La mala administración se dio por decisiones políticas (como siempre), errores ejecutivos y la inadmisible injerencia del Control Obrero. A fines de la década de 1950 la situación financiera de COMIBOL ya era insostenible, por lo que recurrió a la ayuda externa, que entre otras medidas recomendó y se implantó una racionalización de personal y en 1965 una fuerte rebaja salarial del 36% en relación con 1964.
La subida del precio del estaño a partir de 1974 dio un alivio económico a COMIBOL, pero el agotamiento de yacimientos y la mala administración ocasionaron pérdidas que entre 1981 y 1985 sumaron 799 millones de dólares (M$us). El derrumbe del precio del estaño en octubre de 1985 obligó a COMIBOL a cerrar todas sus minas, excepto Huanuni y darlas en contratos a cooperativas y privados. La empresa COMSUR (luego Glencore) con fuertes inversiones empezó a trabajar las minas Bolívar, Colquiri y Porco (en contrato desde 1961). La mina San Vicente dada en contrato a Pan American Silver opera desde 2009. La caída del precio del estaño provocó también el cierre de la mayoría de las minas privadas.
A partir de 2001 cayeron mucho los precios de varios minerales, especialmente del estaño y del zinc (convertido en el principal mineral de exportación), provocando otra crisis minera, que se atenuó con la subvención a la producción de dichos minerales a los cooperativistas y mineros chicos. Felizmente desde 2004 empezaron a subir los precios de todos los minerales y subieron las producciones, favorecidas por dos nuevas grandes operaciones San Cristóbal (2007) y San Bartolomé (2008) y por San Vicente.
En octubre de 2006 se incrementó el número de trabajadores de Huanuni de 1.000 a 5.000 y se dispararon salarios y bonos; por el bajo precio del estaño ahora opera a pérdida. En febrero de 2007 se nacionalizó la fundición de estaño de Vinto, cuyo rendimiento económico es incierto. En julio de 2007 se firmó el contrato -que fracasó en 2012- con Jindal para explotar el Mutún. En noviembre de 2007 se promulgó la Ley 3.787 que introdujo la Regalía Minera (RM), en lugar del Impuesto Complementario a la Minería (ICM); el Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE) era acreditable contra el ICM; en los hechos ahora la RM no es acreditable contra el IUE; esta ley creó también una alícuota adicional del 12,5% al IUE.
En mayo de 2008 se inició el proyecto de fabricación de carbonato de litio y cloruro de potasio, que hasta ahora no muestra resultados positivos. En noviembre de 2008 se volvió a hacer funcionar la fundición de bismuto de Telamayu que trabaja a pérdida. En octubre de 2009 se inauguró la planta hidrometalúrgica de cobre de Corocoro, que no cumple la producción programada. En junio de 2012 COMIBOL volvió a operar Colquiri en forma exitosa. Las concesiones de South American Silver (SAS) que exploraba Mallku Khota fueron revertidas en agosto de 2012, por lo que SAS demandó al Estado por 386 M$us. El 3 de enero de 2013 empezó a operar la fundición de plomo-plata de Karachipampa y desde entonces funcionó sólo dos meses.
El excesivo incremento de los precios de equipos e insumos, así como los aumentos salariales anuales han provocado un fuerte incremento de los costos operativos, que junto a la caída general de precios de minerales han puesto en difícil situación económica a varias operaciones, que con menores precios pueden cerrar provocando serios problemas sociales. La nueva Ley de Minería 535 (28/05/14) al repetir los ya anacrónicos precios piso y techo establecidos en 1997, hará que muchas empresas paguen regalías aun trabajando a pérdida.
Resulta entonces urgente modificar los sistemas regalitario e impositivo, establecer atractivos incentivos económicos a la exploración y hacer cumplir la seguridad jurídica ofrecida en la Ley 535, para captar inversión extranjera que desarrolle nuevas minas. Con un adecuado presupuesto SERGEOMIN debe realizar exploraciones en zonas geológicas favorables. La reestructuración de COMIBOL debe establecer medidas correctivas que saltan a la vista. No hay que esperar llegar al desastre para buscar soluciones en la desesperación.
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