Mientras importe el país nada importan posiciones

El recientemente pasado período pre-electoral ha servido para que la política partidista muestre la cara de sus propias realidades, de las intenciones íntimas que abrigan sus jefes, de cómo se puede llegar a los peores extremos con tal de conseguir situaciones de poder en gobernaciones y municipios para los partidarios; cuán poco interesan los sentimientos de la colectividad que se vio obligada a espectar una “guerra sucia” entre personas que deberían considerarse civilizadas, educadas y promotoras del imperio de la democracia.

En todo lo visto, hubo casos en que se anunció que “si no se votaba por los candidatos del partido” no se gobernaría para quienes hayan apoyado a los contrarios y conseguido gobernaciones o municipios. Una actitud extraña, ajena, seguramente, a las propias convicciones de quienes lanzaron semejante prevención; posiciones que van en contra del propio gobierno -o de los opositores, si es el caso- que sabe, muy bien y de memoria, que quien gobierna lo debe hacer para todos sin distinción alguna; se sabe, además, que los medios financieros del Estado son de todos, sean partidarios o contrarios, sean de izquierdas, derechas o centros, que son bolivianos e hijos de la misma patria y con los mismos derechos que tienen los que apoyan al gobierno o a cualquier posición política.

Nadie es dueño del país, y nadie, por poder que tenga, puede negar su trabajo, concurso, dedicación y servicio del bien común; nadie que esté investido de poderes que otorga la nación puede soslayar el cumplimiento de sus deberes y, menos, mucho menos, amenazar en caso de no votarse por los partidarios, amenazas que son contrarias a las leyes y, concretamente, a los códigos electorales que, se supone, deben regir para todos.

Las posiciones político-partidistas, sean de izquierda, centro o derecha, abracen ideología de cualquier tipo, recuerden o busquen la reimplantación de sistemas obsoletos, las posiciones de los que perdieron poder por haber estado en otros regímenes y hoy están en el llano, sean “rosqueros”, “neoliberales”, “capitalistas”, “derechistas” o pertenezcan a cualquier grupo adicto al gobierno o contrario a él, son habitantes y ciudadanos de este país y cuentan con todos los derechos que señalan la Constitución y las leyes. Que se pertenezca a cualquier grupo partidario o disidente del actual régimen, importa poco o nada comparado con lo que importa e interesa el país en su conjunto; creer o tan sólo sostener lo contrario es atentar contra los derechos humanos, es violar los términos constitucionales, es contradecir las propias declaraciones -hechas posiblemente al calor electoral o, antes, para captar adeptos- en sentido de respetar la Carta Magna, los derechos humanos y tantas otras disposiciones que son favorables al ciudadano.

Desde octubre de 1982 vivimos en continua democracia, el mejor sistema de gobierno y vida de los pueblos; ello quiere decir que el respeto, la consideración, la conciencia de servicio al bien común, la responsabilidad y otras normas de vida deben ser vivencia permanente de quienes poseen poder político, social, económico o de cualquier naturaleza. No valen, no cuentan las posiciones que anteponen “al partido” a los derechos inalienables del ser humano, habida cuenta que cada ciudadano es libre y consciente de abrigar sentimientos políticos o de cualquier naturaleza siempre que no afecten al derecho de los demás, siempre que no vulneren la Constitución y las leyes y, mucho más, que no atenten contra la moralidad hecha virtudes, valores y principios que son o deben ser práctica permanente de quienes ocupan altas funciones públicas o las más humildes y sencillas en la administración gubernamental o en la actividad privada.

Cuando un gobierno constitucional desvía sus propios principios y valores, tiene que tener conciencia de que lo hace en contra de sus mismas prédicas e intenciones; que todo maltrato a los demás -de palabra u obra- atenta contra principios de caridad, humildad, respeto, consideración y consecuencia con todo el pueblo, con quienes están obligados a exigir que los derechos de unos -sean gobierno, partidos, oposición, instituciones de toda laya, grupos sociales, etc., etc.- terminan donde empiezan los derechos de los demás, especialmente si se tiene conciencia de país.

Han pasado las elecciones y quienes han sido elegidos como autoridades departamentales y municipales, tienen la obligación de obrar conforme a las promesas formuladas durante el período pre-electoral; deben tomar conciencia de las funciones que ocuparán y obrar en base a valores y principios. No pueden ni deben permitir que la soberbia y la petulancia sean parte de su diario vivir y obrar. Por principio elemental de vida, deben convivir, con mucho respeto, con quienes han quedado en el llano, pero que se sabe, pueden tener muchas virtudes dignas de ser utilizadas a favor del bien común.

El país, como siempre, espera acciones constructivas de las nuevas autoridades y que estén imbuidas de humildad, eficiencia, eficacia, honestidad y responsabilidad, de otro modo, querrá decir que sólo se buscaba el poder por el poder como medio para servir a intereses creados y que están muy lejos de los fines que persiguió el proceso electoral y que no es otro que designar, mediante el voto, autoridades con conciencia de país y vocación de servicio.