En el informe que presentó ayer, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, en la Cámara Alta, señaló que el Fondo Indígena no cuenta con los POAS, ni los estados financieros que deben ser entregados anualmente ante el Ministerio de Economía.
La ministra Achacollo, presidenta del Fondo Indígena, acotó que era una contra ocho directores que tomaban decisiones sin control de más de 1,100 proyectos.
“Estos proyectos, ellos podían hacer el uso y disponer a su criterio, ese era el tema del fondo, entonces si se toma decisiones por mayoría uno qué puede hacer contra los ocho que habían”, señaló.
Al respecto, el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, ponderó la información que dio Achacollo, siendo que calificó de positivo el hecho de que haya dado nombres de las personas que han participado en cada reunión del directorio.
Sin embargo, Ortiz aseveró que es preocupante el hecho de que la ministra haya ratificado hechos muy graves.
“Por ejemplo, al parecer no se encuentran los POAS, los estados financieros, la remisión al Ministerio de Economía y a la Contraloría General del Estado respecto al Fondo Indígena, esto es incomprensible de como el Fondioc ha podido funcionar estos años sin que se le hayan congelado las cuentas y sin que se hayan intervenido cuando habían cuatro ministerios, entre ellos el de hacienda que era responsable de exigir que se cumplan todas estas normas y sancionarlas como cuando se incumplen”, afirmó.
Lamentó la ratificación de la gravedad del descontrol y la ausencia de toda norma y procedimiento de administración de millones que ha recibido el Fondioc.
“Muchos dirigentes han recibido millones de bolivianos en sus cuentas personales, hecho absolutamente irregular y me alegra que la ministra haya dejado claro que ella también considera que esto no debería haber pasado”, subrayó.
En ese marco, lamentó que ni la ministra ni los otros ministerios que forman parte del directorio hayan cumplido con su responsabilidad para velar por la correcta administración de los recursos públicos y por el contrario bajo el argumento de que las organizaciones sociales imponían su criterio han permitido el descontrol, lo que implica grandes responsabilidades de acuerdo a la Ley Safco.
INTERVENCIÓN
Por otro lado, la interventora del Fondioc, Lariza Fuentes, informó ayer que cuenta con 50 funcionarios para investigar 1.100 proyectos que se financiaron con recursos públicos.
“Entre 50 personas tratamos de armar todas estas carpetas. Se nos hace complicado. Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos”, dijo Fuentes, durante su informe que rindió ante la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado.
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