Inversiones, ¿aun con asalto a propiedades?

Luego de mucho tiempo de protestas contra el capitalismo y contra las transnacionales y contra los poseedores de dinero y tecnología, hay en el país una especie de decepción por la falta de inversiones, por la no presencia de consorcios internacionales que podrían invertir en el país; pero no se toma en cuenta que si no hay interés en posibles inversionistas nacionales o extranjeros, es debido a la carencia de un sistema jurídico que garantice las inversiones, que capte la confianza y promueva voluntad e intereses de quienes ven al país con gran expectativa, pero que se ven frenados en sus intentos.

Mucho hablamos de inversiones, pero no se toma en cuenta que hay hechos que las alejan, que impedirán permanentemente la confianza en el país por los asaltos a las propiedades, tanto agrícolas como ganaderas y mineras. Hay preocupación porque no se restituye muchas propiedades que permanecen en poder de quienes las consideran “su propiedad”, tan sólo por haberse “arriesgado a cometer delitos al apoderarse de lo ajeno”.

Hay angustia y preocupación porque se espera acciones legales en contra de quienes se consideran dueños de lo ajeno y, cuando en algún caso se obliga a la respectiva devolución, es con la exigencia y condición de recibir fuertes pagos en calidad de “compensación”. Hay decepción porque no se adopta medidas contra algunos cooperativistas y mineros desocupados que se han apoderado de minas, con total impunidad. Hay temor y desconfianza porque, pese a las promesas de las autoridades, se sigue cometiendo asaltos contra propiedades, especialmente en el oriente, con apropiación de todo, desalojan a los dueños legítimos y hasta destruyen todo lo hecho con tal de “mostrarse propietarios de lo ajeno”.

No puede haber inversiones en clima donde el derecho propietario está expuesto a la acción de depredadores que, muchas veces, actúan con total impunidad porque no hay autoridad que los frene en su acción delictiva. Las seguridades para las inversiones, a más de garantizar la inversión y el trabajo de las empresas, dan la solidez y seguridad del propio Gobierno que puede comprobar, una vez más, que la institucionalidad es posible y necesaria en el país.

Es preciso que las autoridades actúen con la fuerza que otorgan las leyes para recuperar todas las propiedades asaltadas, devolverlas a sus legítimos propietarios y, además, poner en manos de la justicia a quienes han violado las leyes. Sentar precedentes en este campo es de vital importancia; de otro modo, el delito tenderá a institucionalizarse y no habrá autoridad que pueda ponerle freno. Es, pues, grave la responsabilidad de las autoridades que, hasta ahora, han descansado en el “dejar hacer y dejar pasar” como si fuese remedio cuando, en realidad, radicaliza el delito.