¿Y qué de los decomisos al narcotráfico?

Cuando se cumplen labores de interdicción contra el narcotráfico, forzosamente hay referencia a los bienes que se incauta a quienes dedican su vida y trabajo a la fabricación y comercialización de drogas; pero lo extraño es que jamás se dice qué es lo que se les decomisó o, cuanto más, se hace referencia a algún vehículo o bien inmueble. Se entiende, por principio, que cada narcotraficante que cae en poder de las fuerzas antidroga lleva, por lo menos, algo de dinero, alguna joya y posee bienes en su domicilio u hotel, si está ocasionalmente en el país.

Muchas veces, ante reclamos de los medios y de instituciones, se ha sostenido: “los bienes están en custodia del juez” y éste ha declarado “no saber nada al respecto”. Hace muchos años, un subsecretario encargado de labores en contra del negocio de las drogas, presentó un informe sobre bienes y dineros decomisados; se trataba de un frondoso legajo de papeles que, se dijo, “sería examinado exhaustivamente” y jamás se supo nada más.

En centenares de labores de interdicción que se hizo en el pasado hasta el 31 de diciembre de 2014 es grande la cantidad de dinero (dólares, euros, bolivianos y otras monedas) que han caído en poder de la FELCN o UMOPAR; son muchos los bienes inmuebles, haciendas, ganado, vehículos, avionetas, lanchas, joyas y otros bienes cuyo detalle jamás se dio a conocer por más que muchas autoridades señalaron: “en días más se conocerá detalles al respecto”, ese día, por supuesto, nunca llegó.

Los decomisos a quienes se incauta drogas, se interviene sus domicilios y propiedades son muchos. Que no se informe al respecto, tiene dos consecuencias: la primera, que puede ser causa o motivo de corrupción para quienes los tienen en custodia o, en muchos casos, podría estar comprometida alguna autoridad que impide la información. En segundo lugar, está el caso del mismo narcotráfico que cuenta, con seguridad, que los informes son parciales.

Es plausible y reconforta a la colectividad nacional que el Gobierno alcance éxitos en reprimir al narcotráfico, en realizar decomisos e incautaciones de bienes malhabidos, que aprese a los que negocian con drogas; es bueno que se descubra fábricas e instalaciones para procesar droga y es también plausible descubrir y sancionar a policías y funcionarios corruptos; pero siempre fue y será censurable que no se informe sobre los bienes decomisados, informes que conviene que el Gobierno los dé por su propia responsabilidad y es conveniente para la colectividad porque así se demuestra que se está obrando correctamente ante estos problemas tan graves.

En septiembre de 1986 se produjo el caso Huanchaca; al margen de los crímenes cometidos por los narcotraficantes, se decomisó muchos bienes y entre ellos, más de mil doscientos turriles con precursores; se incautó dinero y otros; pero el Gobierno de entonces dijo que se informaría y jamás se lo hizo. Este es ejemplo de irresponsabilidad muy grande.