[Severo Cruz]

Sin temor a las minas chilenas


Las relaciones entre estados deberían estar exentas de todo lo que significa desconfianza y hostilidad. Deberían primar en ellas, y sobre todas las diferencias de naturaleza social, económica o política, la paz y la buena vecindad. Estos principios fueron priorizados, en todos los tiempos y de manera permanente, por decisiones internacionales de carácter multilateral.

Empero esta inquietud política ha adquirido una figura totalmente distorsionada, no obstante que América del Sur fue declarada Zona de Paz, por la “Segunda Reunión de Presidentes” de la región, en Guayaquil (Ecuador), el 27 de julio de 2002, por 12 mandatarios sudamericanos, entre ellos el boliviano Jorge Quiroga y el chileno Ricardo Lagos.

La comunidad internacional fue sorprendida, en la década de los 70 del siglo pasado, con la noticia relativa al sembrado de minas personales por parte del Gobierno chileno, a lo largo de la frontera que comparte con Bolivia y el Perú. Fue en una dictadura, para ser más puntuales. Éstas continúan diseminadas a pesar de la recomendación de “erradicación total de la minas antipersonal”, hecha por la “Segunda Reunión de Presidentes”.

El objeto fue infundir temor e incertidumbre en la población boliviana que había reafirmado el propósito reivindicativo en la histórica perspectiva de recuperar todo lo que le fue arrebatado en 1879.

“La riqueza del Litoral, no sólo de salitre y guano, sino consistente también en minerales de cobre y plata, había hecho disputable un territorio que, a principios del siglo, no tenía valor alguno y era evitado por el comercio. Las condiciones sociales y económicas de Bolivia habían hecho imposible una colonización del Litoral con población boliviana y casi ningún capital boliviano habíase invertido “(Luis Peñaloza: “Historia económica de Bolivia”, II, 1954, Pág. 168).

Chile habría pensado, posiblemente, que Bolivia iba a asumir una actitud atentatoria en contra la seguridad de su territorio, en busca de recobrar lo suyo, y por ello se animó a tomar aquella descabellada medida que significó otra agresión al conjunto nacional.

Pese a esta realidad los bolivianos no hemos perdido la esperanza de retornar al océano Pacífico, que por Derecho nos pertenece. En este contexto tenemos volcada la fe en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, esperando un fallo favorable a la causa marítima boliviana, que nos permitirá sentar nuevamente soberanía en aquella región que nos fue usurpada hace más de un siglo. Este propósito goza del respaldo y la simpatía de la comunidad internacional, aspecto que se hizo patente en las últimas semanas.

Y sin temor a las minas chilenas ni a la intimidación de los bravucones de la casta dominante debemos hacer fuerza, en torno a la demanda marítima que radica desde abril de 2013 en La Haya, hasta lograr nuestro supremo objetivo, que se traduce en la recuperación de la salida libre, útil y soberana, al Pacífico. Este es el afán y la tarea que debemos promover e impulsar en la hora presente.

En suma: ni artefactos explosivos ni actitudes amenazantes lograrán detenernos en el camino de la reivindicación marítima.

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