Finalmente las partes interesadas -Gobierno, campesinos y empresarios- se han puesto de acuerdo en realizar una reunión “cumbre” para estudiar aspectos diversos de la economía agraria del país y tratar de encontrar las fórmulas oportunas para que la agricultura sea el instrumento que evite una catástrofe económica en el país, como efecto directo de la crisis económica interna que ha empezado a causar la caída aparatosa de los precios de las materias primas en el mercado internacional. El evento se efectuará en Santa Cruz los días 23 y 24 de abril próximos.
Sin embargo, el concilio está en riesgo de postergarse una vez más por posiciones contradictorias entre las partes, ya que las propuestas de una de ellas son rechazadas por otros sectores, sin que ni los empresarios ni los campesinos den muestras de renunciar a sus posiciones. Es más, el importante evento, en caso de realizarse, podría fracasar, pues las actitudes encontradas no tendrán solución oportuna.
Por un lado, los empresarios han propuesto un programa de cuatro puntos referidos a la seguridad jurídica, uso de biotecnología, liberación de exportaciones e infraestructura caminera, puntos acerca de los cuales indicaron que “no cederán ni un milímetro”.
Por otro lado, los campesinos organizados en gremios (llamados en forma equivocada sindicatos, pero que, a lo más, son gremios de pequeños propietarios) han opinado que se opondrán a la aprobación de medidas para el cultivo de alimentos transgénicos, mientras funcionarios del Ministerio de Desarrollo rural indicaron que la propuesta de Anapo no será aceptada por el Gobierno en lo que se refiere a la producción de maíz, caña y algodón, entre otros.
Por su parte, adelantando su posición empresarial, la Cámara Agropecuaria del oriente (CAO) ha remarcado que de no aceptarse cualquiera de los puntos propuestos por el sector productivo cruceño se tendrá “serios inconvenientes” para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda patriótica 2025, decisión que ha hecho tambalear la realización de la cumbre.
De cualquier manera, aunque el torneo se realice y apruebe los puntos señalados (todos ellos técnicos), no habrá resuelto los fundamentales aspectos estructurales de Derecho, que actualmente padece la actual cuestión agraria boliviana y que son la causal del ínfimo desarrollo de nuestra agricultura. En esa forma, será imposible que el Gobierno alcance uno de sus grandes “sueños”, es decir aumentar la superficie cultivada de cuatro a diez millones de hectáreas (!) hasta el 2025, para cumplir así el objetivo de sustituir con el aumento de la producción agropecuaria, la caída de los precios de petróleo, gas, estaño y otros en el mercado internacional.
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