Política Internacional

Crisis:

VENEZUELA-ESPAÑA

Caracas, (EFE).- El Gobierno venezolano realizará una revisión “exhaustiva” de sus relaciones con España, aseguró ayer la canciller, Delcy Rodríguez, después de reunirse en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas con el embajador español, Antonio Pérez-Hernández y Torra.

“Estamos siguiendo instrucciones del presidente (Nicolás) Maduro haciendo una revisión exhaustiva de las relaciones entre España y Venezuela”, dijo Rodríguez al término de la reunión con el diplomático al que convocaron ayer a la sede de la Cancillería.

La canciller dijo que “pronto hará saber cuáles son las medidas” que el Gobierno venezolano tomará en sus relaciones con España tal como anunció anoche el jefe de Estado de Venezuela, que serían, según dijo, de carácter político, económico, social, popular, diplomático y mediático.

“Enviamos un saludo a España y al pueblo español, pero no podemos permitir que hasta el ministro de Asuntos sin Importancia venga a pronunciarse sobre Venezuela”, afirmó Rodríguez, quien dijo que expusieron al embajador español “una por una todas las declaraciones injerencistas” realizadas desde España “contra Venezuela”.

La canciller insistió en que las autoridades españolas “deben ceñirse al estricto apego al derecho internacional” y dijo que pidió al diplomático español que llevase ese mensaje a su gobierno.

Maduro criticó anoche que el Congreso de los Diputados de España aprobara una resolución en la que se pide al Gobierno español que lleve a cabo todas las iniciativas necesarias ante las autoridades de Venezuela y la comunidad internacional para la liberación “inmediata” de líderes opositores venezolanos presos.

En este sentido, el gobernante venezolano dijo que había ordenado a la canciller y al consejo de vicepresidentes de Gobierno que analice la agresión de la que, aseguró, son víctimas los venezolanos “por parte de las elites corruptas y corrompidas de España”.

“Venezuela no se va a dejar agredir por las Cortes de España y mil Cortes que vengan de Madrid, así lo anuncio y estoy preparado para dar la batalla contra Madrid; si nos buscan nos encuentran. Ya nos encontraron, pues se acabó”, dijo ayer.

Maduro también señaló que quiere tener “buenas relaciones con toda España” y con quienes allí gobiernan, pero que no tolerará “abusos, desprecios y racismo” al tiempo que aseveró que Mariano Rajoy “tiene racismo histórico, racismo social”.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores español convocó hoy al embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, para trasladar el malestar y rechazo del Gobierno de Rajoy por las declaraciones de Maduro.

Tras la reunión, el Ejecutivo español emitió un comunicado en el que calificó de “intolerables” las “declaraciones, insultos y amenazas” por parte del presidente venezolano y aseguró que este tipo de comentarios “no contribuyen a un mínimo entendimiento” entre los dos gobiernos.

Brasil

ETNIAS QUIEREN TIERRAS

Brasilia, (EFE).- Un grupo de indios de diversas tribus que está acampado en Brasilia desde este martes fue recibido ayer por autoridades del Gobierno, a las que demandó celeridad en la demarcación de nuevos territorios indígenas.

“Nuestra lucha es por derechos”, declaró a periodistas el cacique Marcos Xukuru, miembro de un grupo de diez indios que fue recibido por el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Miguel Rossetto, para discutir las reivindicaciones de los indígenas.

La reunión fue celebrada en el Palacio presidencial de Planalto, hasta el que hoy marcharon cerca de mil indios que están acampados en la céntrica Explanada de los Ministerios, una amplia avenida de Brasilia que concentra todo el poder público nacional.

Según Xururu, los indios exigieron al Gobierno que acelere sus planes para la demarcación de nuevos territorios indígenas, pues los atrasos propician conflictos entre los habitantes de las tierras no delimitadas y hacendados que pretenden expandir sus propiedades.

También ratificaron su rechazo a un proyecto de ley que tramita en el Congreso y propone traspasar a las cámaras legislativas la potestad de delimitar los territorios indígenas, que hasta ahora es exclusiva del Gobierno.

En opinión de los indígenas, esa alteración favorecería a los grandes terratenientes y a empresas que operan en vastas regiones de la Amazonía, que cuentan con el apoyo declarado de parlamentarios que forman un grupo suprapartidario conocido como “bancada rural”.