Berríos rechaza críticas al Órgano Judicial

Juan Carlos Berríos, presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, rechazó las recientes críticas contra el Órgano Judicial vertidas por los representantes de la Iglesia Católica y el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

Señaló que las críticas no cuentan con fundamentos, ante la carencia de recursos, haciendo generalizaciones que solo desprestigian a una Institución del Estado boliviano.

La Iglesia Católica, durante la Asamblea anual de obispos en Cochabamba, aseguró que la justicia boliviana está fuertemente politizada y sometida a intereses económicos y de corrupción, además de una falta de equidad y transparencia en los procesos judiciales.

Al respecto, Berríos fue enfático al afirmar que si bien se respeta los criterios de la Iglesia Católica, como institución, existe una fuerte discrepancia con algunos obispos que no deberían incurrir -como lo hacen otros actores político/partidistas- en generalizaciones.

“Es bueno que los señores obispos sepan que las instituciones no son corruptas, ineficientes, ni se merecen otros adjetivos calificativos”, explicó el presidente del TDJ.

Berríos, dando un ejemplo de los problemas internos de la Iglesia Católica, declaró no sería justo tildar a la Iglesia “de corrupta o sometida a otros intereses por el sólo hecho de que uno o dos sacerdotes se ven involucrados en un acto delictivo o inmoral”.

Sobre las declaraciones de Víctor Borda, quien presentó documentos donde establecen que 192 jueces y vocales de todo el país enfrentan procesos penales y lanzó críticas sobre un “trabajo deficiente” del Órgano Judicial, Berríos mencionó que los presidentes de los tribunales de justicia de todo el país han determinado enviar una nota al diputado, haciéndole conocer su posición.

“Al momento, tenemos cerca de 1.000 jueces en todo el país. Estos deben atender una carga excesiva sin precedentes de 852.000 causas, es decir, cada operador de justicia tiene el promedio cerca de 1.000 causas que atender. Esta desproporcionalidad entre número de jueces y carga procesal sobrepasa todos los parámetros establecidos por el Protocolo de Brasilia a nivel Iberoamericano”, señala uno de los puntos de la nota.