Fiscales del caso Alexander no atienden requerimientos

“Denuncia”, “irregularidad”, “amedrentamiento y amenazas” son algunas de las palabras que de forma reiterada se han escuchado en las declaraciones que han efectuado varios de los abogados y familiares de los 11 implicados en el controversial caso “bebé Alexander”, que en 158 días sin esclarecimiento ni avances en la investigación para dar con los verdaderos responsables de la muerte del menor, también han acumulado decenas de requerimientos, controles jurisdiccionales y propuestas de diligencias, que sin importar “discursos y advertencias” reiteradas de las autoridades, estas sí “obstruyen” la averiguación de la verdad objetiva e histórica de los hechos.

En un breve sondeo, hecho con sólo cuatro abogados de los imputados, sumados sus solicitudes, estos dieron a cocer de por lo menos 55 requerimientos están sin respuesta, varios controles jurisdiccionales y similar número de propuestas de diligencias.

Para hablar del tema, los abogados prefieren no ser nombrados asegurando que en el caso Alexander existen intereses más grandes de los que se vislumbran y temiendo por represalias de todo tipo, desde las laborales hacia sus propios clientes, hasta las personales.

Tratando de aclarar el tema, uno de los juristas señala que si bien se han plateado varios requerimientos, muchas ya cuentan con la autorización de la comisión de fiscales, compuesta por Susana Boyan y Edwin Blanco. Sin embargo, existen procedimientos irregulares para lograr recogerlas y hacerlas efectivas.

“Si bien existen requerimientos aprobados por el Ministerio Público, estos no ingresan a los cuadernos de investigaciones hasta varios días o semanas después, pero cuando aparecen, son sellados como si hubieran sido aprobados al día siguiente de su presentación. Luego, está el drama de las diligencias para que estos sean ejecutados por los investigadores, que te dicen que todo debe estar coordinado con los fiscales y estos, te dicen que depende del investigador, en una serie de círculo vicioso interminable que a pesar de las declaraciones, advertencias y tanto discurso de mejorar la justicia en Bolivia por parte de las autoridades, políticos y ministros, nadie controla a los fiscales”, señala uno de los abogados.

Así mismo, varios de los requerimientos hechos a la comisión de fiscales Boyan y Blanco, datan desde noviembre del año pasado y los más recientes fueron hechos en la última semana.

Entre los más destacados, está la solicitud de estractos de llamadas para establecer con quién, para qué y por cuanto tiempo sostuvieron contacto telefónico o vía celular los implicados entre el 12, 13 y 14 de noviembre del año pasado.

Otro de los pedidos estancados son las solicitudes de la intervención de peritos extranjeros o al menos alternos a los del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), cuya labor ha sido cuestionada en los mismos informes policiales, en los que se cuestiona la utilización de términos inadecuados y análisis de muestras necrosadas, por lo que en los primeros días, de manera polémica, se menciona que no se podía establecer el ADN del mismo bebé Alexander.

Otro de los requerimientos que se pide sean autorizados por los fiscales, es la ampliación y tomas de declaraciones a personal médico del Hogar Virgen de Fátima, contra los cuales, denuncian los mismos trabajadores, existe “amedrentamiento” con rotaciones, procesos internos y despidos por para del personal administrativo del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y la Gobernación.

Enfermeras, y educadoras afirman que la intimidación viene desde los mismos fiscales que investigan el caso, como ocurrió con una enfermera y una menor que se denunció fue interrogada de forma irregular al interior del Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI) el 29 de enero. Extremo que fue negado por la Directora del Sedeges, Marisabel Subieta, pero rebatido por las mismas trabajadoras.