En América Latina existen ya compañías de alto capital que ajustaron su normativa interna y están bajo reglas de lo que se conoce como “gobierno corporativo”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en sus Principios de Gobierno Corporativo OECD) indica que “gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la administración de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otras partes interesadas. También proporciona la estructura a través de la que se fija los objetivos de la compañía y se determina los medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño”.
Es la nueva forma de la gestión de las compañías.
Naturalmente los equilibrios entre objetivos económicos y objetivos sociales están presentes en el gobierno corporativo, de allí la amplia difusión de acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que las compañías aplican en el entorno en donde desempeñan su actividad principal.
Probablemente las compañías del sector energético (petróleo, gas, electricidad) junto a algunas transnacionales sean las que más reglas de gobierno corporativo aplican: de manera que adoptaron normas de gestión aceptadas a nivel internacional para alcanzar sus metas y a atraer nuevas inversiones.
Las mismas reglas de gobierno corporativo, que son básicamente las reglas ordenadas y de avanzada del liderazgo gerencial, deben ser aplicadas en todas las empresas estatales bolivianas; en las gobernaciones, en los municipios y en las entidades del sector público central.
Ya hay un avance nacional a través de la autoridad de control de empresas, del sistema regulatorio, pero las reglas de gobierno corporativo deben ser incorporadas en un Estatuto de funcionamiento de aquellas compañías estatales que -ciertamente- necesiten no sólo una reingeniería financiera, sino tecnológica de recursos humanos y de “golpe de timón” o mejorar su visión y misión institucionales.
Aplicar a la gestión administrativa gerencial de las compañías estatales las reglas del gobierno corporativo redundará en: la mejora de la imagen del país; evitar prácticas corruptas; atraer a inversionistas en el entendido que verán sus fondos correctamente administrados por empresas estatales transparentes; reducir costes y generar mejores climas de administración.
Sería importante que se aplique con mayor celeridad y mayor impacto estas reglas de gobierno corporativo respetando a los accionistas en cuanto a verdaderos propietarios de la empresa (que en la comparación y analogía vendrían a ser los ciudadanos, los verdaderos propietarios de algunas empresas estatales); y de su propia función como depositaria en nombre de los accionistas/ciudadanos.
No basta un “código de ética” sino un verdadero Estatuto que implique la asunción de compromisos de transparencia en la administración. Todo esto, claro, con alta tecnología. La tecnología hoy tiene que ver en el 100% de la administración y gerenciamiento de compañías.
Se debe resaltar que “los lineamientos para tener un buen Gobierno están dirigidos principalmente a empresas y organizaciones en general, pero también pueden aplicarse a los gobiernos y órganos reguladores de la sociedad, así como a los mercados de capital y sus operadores” (Corporación Andina de Fomento, Programa de Gobierno Corporativo).
Bolivia ya se va integrando al sistema normativo del Gobierno Corporativo, sin duda; sin embargo los esfuerzos deben ser mayores y el compromiso político de transparentar y de jerarquizar los principales cargos, principalmente de compañías del sector energético, debe ser prioridad; utilizando criterios y paradigmas del gobierno corporativo: mejores profesionales, mejores personas al mando de la compañía o de la organización pública.
El autor es consultor del sector privado, sigue sus análisis en twitter: @bguzqueda
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