El Gobierno chileno, en la década del 40 del siglo pasado, propuso a Bolivia la suscripción de un acuerdo, relacionado con cierto programa de carácter cultural, basado en el intercambio de docentes y estudiantes. Similar convenio ya había sido formalizado, en fecha 5 de junio de 1941, por ambos países.
“Adopta la concesión de diez becas por año para profesionales y estudiantes de ambas partes contratantes, de las cuales corresponderán cinco a establecimientos de enseñanza universitaria y cinco a escuelas o instituciones agrícolas; la organización de misión de profesores para realizar cursos de conferencias en caso de que no se presenten candidatos… El intercambio anual de dos maestros primarios para que presten servicios docentes en las escuelas República Bolivia, de Santiago, y República de Chile, de La Paz. Los gastos a cargo de los respectivos Gobiernos”, señala el Acuerdo sobre Intercambio de Profesores y Estudiantes, firmado, en La Paz, el 16 de enero de 1941, por los plenipotenciarios Alberto Ostria Gutiérrez y Manuel Bianchi Gundián, de Bolivia y Chile, respectivamente.
La actitud chilena iba dirigida a soslayar el tema marítimo, tan urticante para el vecino. Por ello no tuvo otra opción que limitarse a ofrecer señales de cooperación cultural hacia Bolivia. Un ofrecimiento que se inscribe, posiblemente, en el marco de las relaciones culturales, que nada tenía que ver con el diferendo generado por el expansionismo del Siglo XIX.
Por consiguiente Chile siempre asumió una actitud distraccionista respecto al centenario problema, pues ha manipulado de manera permanente el sentimiento patriótico de reivindicación marítima, en más de cien años de encierro geográfico boliviano. En este marco se registra el abrazo de Charaña y la Agenda de 13 puntos. El primero se asumió en el gobierno de Augusto Pinochet y la segunda en el de Michelle Bachelet.
Chile jamás quiso sentarse para tratar específicamente ese asunto de capital importancia para Bolivia. Lo hizo porque creía que una solución del conflicto, afectaría sus intereses. Recordemos que los recursos naturales, que pertenecían legítimamente al país hasta antes de la toma de Antofagasta, le han permitido superar su angustiosa pobreza, hecho que ha marcado su prosperidad económico - financiera, en Latinoamérica.
“Bolivia debe pues ser cautelosa con un enemigo que le arrebata su Litoral; que le cierra sus puertas; que trata de asfixiarla y esclavizarla para explotar sus riquezas”, afirmó, en un informe de 10 de marzo de 1885, el munícipe paceño B. Sanjinés U. (Luis Subierta Sagárnaga: “Modesto Omiste – Estudio biográfico-“, Tomo II, 1943, pág. 70).
Entre tanto sectores sociales de la nación transadina se manifestaron, en los últimos tiempos, a favor de la causa boliviana. Por lo menos hubo cambio de mentalidad política en las instancias populares. Empero la “elite” continúa obstinada en sustentar la tesis negativa al clamor boliviano.
Nuestros gobernantes, del pasado mediato, al admitir acuerdos de aquella naturaleza se prestaron a encaminar las intenciones distraccionistas de Chile. Aceptaron el plato de lenteja antes de exigir una solución inmediata al conflicto marítimo. Aprobaron la terminología distraccionista que tantos perjuicios ha ocasionado a Bolivia en el afán de recuperar su soberanía en el Pacífico.
En suma: las ocurrencias del vecino siempre se repiten.
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