Caso Brun
El caso Brun deja al alcalde interino de La Paz, Omar Rocha, en un callejón sin salida pues la conminatoria de la justicia indica que se debe pagar, caso contrario embargan y rematan bienes municipales hasta se podría debitar de las cuentas, y si paga, libera al alcalde electo Luis Revilla de la responsabilidad, por ello aseguró que piensa en dejar el cargo de lado.
La posible renuncia de Rocha se realizaría esta semana, toda vez que hasta ayer, la alcaldía debería pagar de 2.8 millones de bolivianos.
“Podría renunciar, esta semana tomaré la decisión, yo no puedo hacer semejante daño a la población, tienen que saber que se están perdiendo 2,8 millones de bolivianos. Es una decisión muy complicada”, señaló Rocha en el programa “Levántate Bolivia” de Cadena A.
CASO BRUN
El juzgado 3 de partido en lo civil comercial falló a favor de Juan Brun y su esposa en el caso de demolición de un inmueble que el municipio reclamaba como suyo.
La acción fue ejecutada durante la gestión de Juan del Granado, en mayo de 2000, cuando dispuso la demolición de un inmueble de tres pisos, emplazado en un terreno de 322 metros, situado en la avenida Costanera (Bajo Següencoma), al considerar que el predio pertenecía al Gobierno Municipal.
Tras un proceso, se demostró que esa familia tenía el derecho propietario y el fallo 240/2002 dispuso el pago de una indemnización, cuyo monto debía establecerse con un peritaje.
FALTA DE COORDINACIÓN
EL experto en temas municipales, Raúl Ríos, aseguró que parte del conflicto se debe a que La Paz no cuenta con normas claras o un reglamento de coordinación con Derechos Reales por lo que en muchos casos esta deficiencia lleva a cometer errores como este caso que costará millones a los paceños.
Asimismo, aseveró que otro problema es el desconocimiento de normas en materia municipal además de una mala supervisión de obras, aprobación de planos o una inadecuada lectura del plano de construcción y principalmente el desconocimiento al derechos propietario.
Por otro lado, señaló que paralelamente el Alcalde debería iniciar procesos administrativos a los funcionarios que realizaron las actuaciones administrativas para demoler la construcción, porque el Alcalde da una instrucción ejecutiva es en base a un trabajo previo realizado por técnicos.
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