Víctima de violencia denuncia retardación de justicia y malos tratos

Tras medio año de haber denunciado el intento de feminicidio en su contra, Jimena P. B. hizo conocer a los medios de comunicación y la Fiscalía Departamental la indignación que le causa el maltrato y la retardación de justicia en la investigación por el supuesto delito cometido por un funcionario administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés.

“Todo es mentira, ella se ha hecho todo con su propias manos (…) Mi abogado, el doctor (Jhony) Castelú me ha dicho que ya todo está solucionado y no sabemos qué quiere esta mujer. Usted sabe, los hombres estamos en la indefensión porque ahora todas las leyes defienden sólo a las mujeres”, declaró al EL DIARIO, Óscar M. P., funcionario de la UMSA denunciado, luego de hablar vía celular por varios minutos con su asesor legal.

Nuestro medio consultó también a la Unidad de Transparencia de la UMSA para verificar la veracidad de la denuncia que señala, que el mencionado no cumple con los pagos de pensiones y que goza de protección. De forma inmediata se aclaró que el hecho fue de su conocimiento luego de que el Rector derivara a esta repartición la denuncia presentada por Jimena P.B. y que si bien existe la instructiva de verificar que no se dañe la imagen de la casa de estudios, se explicó que la denuncia se encuentra en la justicia ordinaria y al no tratarse de un hecho relacionado a la institución, su intervención se ve limitada.

IMPUNIDAD

“Esto me ha pasado el 6 de noviembre (2014), mi esposo, después de que ha intentado matarme, ha cambiado la chapa de la casa, desde ese día estoy en la calle con mi hija que tiene un año”, declaró Jimena P. B. en puertas de la Fiscalía. La víctima criticó el hecho de que a pesar de los discursos y tantos números gratuitos para quejarse, no existen procesos rápidos para hacer justicia en los casos de violencia hacia la mujer.

En efecto, en un claro acto de revictimización se verificó cómo Jimena P. B. se ve obligada a repetir una y otra vez, cómo se dieron los maltratos, mostrando los documentos, requerimientos no emitidos y certificados forenses, con el fin de que la investigación avance.

“Tengo un quiste, debido a los golpes que he recibido durante todo este tiempo, (…) Pero qué pasa, después de que han trascurrido cinco meses de que me dio la última golpiza, recién sale el Requerimiento del Fiscal para la revisión médica (para verificar los golpes) en el IDIF (Instituto Técnico de Investigaciones Forenses) ¿qué le parece? He pedido diferentes requerimientos y no salen, pero para la otra parte, ni bien piden se los firman”, declaró indignada.

Sin embargo, Jimena P.B. reconoce que cuando se dieron los últimos hechos, la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, de la Fiscalía Departamental, la derivó para que reciba atención en la Clínica CIES, donde le detectan el quiste.

EL DIARIO también constató que personal del fiscal de Distrito, Paul Franco, atendió los reclamos y fijó fecha para una entrevista con el representante del Ministerio Público.

En tanto, Debora Olivera y su asistente de apellido Pérez, aduciendo que no tenían tiempo, se negaron a contestar nuestras consultas, sobre las denuncias de maltrato que, de verificarse, faltan de forma directa a las recomendaciones del propio fiscal general, Ramiro Guerrero, quien advirtió con sanciones a los funcionarios que incurran en maltratos a la población litigante.