No “hablan” por temor a represalias

Algunas representantes de la Federación Bartolina Sisa, con las que EL DIARIO trató de conversar respecto al pedido de renuncia de la excandidata a la Gobernación de La Paz y representante de esta institución, Felipa Huanca, coincidieron en que temen hablar del tema, sin embargo aseguraron que acudirán al llamado del Ministerio Público si es que se las convoca por el caso del Fondo Indígena.

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Cámara Alta de Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos e Interculturalidad, Óscar Ortiz, señaló que el Fondo Indígena es un tema escabroso, que seguramente para sectores campesinos, indígenas es además riesgoso porque pueden temer con razón de que se les aplique una mal concebida justicia comunitaria, que en este caso no correspondería.

Recordó que ya hubo denuncias de un señor que fue castigado y golpeado en el altiplano hasta provocarle lesiones que lo llevaron a la muerte. “Fue un caso que no se investiga mucho que ha quedado ahí, esto muestra que hay tantos intereses en juego, tantas personas que ya no solo son coresponsables sino tienen grados de complicidad en lo que ha sido una red que ha malversado y ha defraudado fondos públicos”, aseguró.

FONDIOC, INSTRUMENTO POLÍTICO

Ortiz aseveró que las denuncias en el caso del Fondo Indígena son muy graves y hay todo un sistema de gestión pública que ha fallado ya que esta institución se constituyó en un instrumento político electoral, partidario para dar dinero y buscar de esa forma comprar la lealtad de dirigentes de algunas organizaciones para hacer política.

Manifestó que las declaraciones vertidas por algunas dirigentes, de que sólo algunos consultores privilegiados eran los que podían hacer los proyectos y asegurar de que salieran los recursos, es una muestra del descontrol de un manejo doloso.

Lamentó que el Gobierno siga tratando de evitar que la investigación llegue a los niveles más altos, queriendo que la responsabilidad caiga solo en tres exdirectores ejecutivos.

¿POR QUÉ NO SE CONGELÓ LAS CUENTAS?

Por otro lado, Ortiz cuestionó el hecho de que no se hayan congelado las cuentas del Fondioc, siendo que operó nueve años sin presentar sus estados financieros.

“Nos extraña muchísimo que esta semana sale la noticia de que se haya congelado las cuentas de más de 200 municipios y cinco gobernaciones por no presentar en los plazos establecidos los estados financieros, en cambio todo indica que el Fondo Indígena funcionó nueve años sin presentar estados financieros auditados, sin presentar las auditorias operativas que exige el Decreto de Administración de IDH, los planes operativos anuales y sin embargo no se les congela las cuentas, entonces aquí no hubo las intervenciones oportunas de los ministerios que forman parte del directorio, de la ministra Achacollo como presidenta del directorio, en su doble condición como Ministra a cargo de la tuición sobre este fondo, del ministro de Hacienda que tuvo que haber reclamado y el mismo Contralor”, lamentó.

MÁS DENUNCIAS

Aclaró que en el pasado hubo casos de corrupción, los cuales el Gobierno ha tratado de acallar como el caso de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) o las barcazas chinas.

“No es el primer caso de corrupción, lo que pasa es que este es muy grande estamos hablando de tres mil millones de bolivianos y cada vez queda más comprobado; los dirigentes que se han animado a hablar son los más y en la medida de que empiecen a difundirse se va a ir evidenciando de que los proyectos no existen”, subrayó.

Por otro lado, lamentó que el gran problema sea la política de eliminar los controles al manejo de los recursos públicos. “Cada vez sacan más decretos que para algunas entidades públicas ya no hay licitación a otras les autorizan a hacer compras directas del exterior con la supuesta buena intención”.

DE ACUERDO A NORMATIVAS ACHACOLLO TIENE RESPONSABILIDAD

De acuerdo a la explicación del abogado Israel Alanoca Chávez, el Fondo Indígena está conformado en tres instancias, la primera por la Asamblea General, el Directorio Decisorio y el Director Ejecutivo.

La máxima autoridad para decidir o rechazar el financiamiento de proyectos es el Directorio Decisorio, el cual está a la cabeza de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.

Alanoca explicó que el artículo 28 del Estatuto Orgánico menciona que el Directorio tiene la facultad de aprobar o rechazar el financiamiento de proyectos de desarrollo productivo social y fortalecimiento organizativo, mediante resoluciones expresas que deberán ser registradas en actas.

El artículo 48 de la norma dice que las decisiones del Directorio Decisorio serán aprobadas por consenso de todos los miembros de las organizaciones sociales presentes, más un voto de uno de los representantes de los ministerios.

“El cumplimiento de las decisiones adoptadas es obligatorio para todos los miembros aún para los ausentes asumiendo estos con responsabilidad solidaria”.

El artículo 48 tiene concordancia con el artículo 31 de la Ley Safco que indica: “Existe responsabilidad civil cuando la acción u omisión del servidor público de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado, valuable en dinero, su determinación se sujetará a los siguientes preceptos: Será civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno, factibles de ser implantados en la entidad”, es decir existe corresponsabilidad en el superior jerárquico en este caso el Directorio Decisorio a la cabeza de la ministra Achacollo.