Decreto prohíbe a Caro asumir cargo en Perú

El Decreto Supremo 29308, aprobado el 10 de octubre de 2007, prohíbe a los ministros y viceministros prestar servicios en las agencias de cooperación, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y organismos no gubernamentales, hasta dos años después de dejar la función pública. De aplicarse la norma, la exministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, estaría impedida de asumir la representación del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) en la república del Perú. Caro dejó el cargo en enero de este año. 

Bajo el título “Incompatibilidades”, el artículo 20 de dicho decreto señala textualmente: “los ministros y viceministros están impedidos de prestar servicios en las agencias de cooperación, organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y organismos no gubernamentales, hasta dos años después de dejar la función pública, sea como empleados directos o como consultores”.

Hechas las consultas al Ministerio de la Presidencia sobre la vigencia del decreto en cuestión, no se descartó, ni se confirmó la aplicación del mismo. Ningún dato hasta ahora hace pensar que el mencionado decreto hubiera sido derogado.   

A menos de tres meses de haber dejado sus funciones, la exministra Viviana Caro fue designada como la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ante la República del Perú.  Previa a su posesión en Lima, la exautoridad boliviana viajó a Washington para afinar detalles antes de asumir sus nuevas funciones, según fuentes a las que accedió ANF.

Caro operaría desde Lima, ciudad en la que trabajó para el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) y estudió economía en la Universidad Católica del Perú.  

De espíritu antiimperialista e impulsada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el decreto 29308 establece la obligatoriedad de registrar las donaciones que reciben las personas o entidades privadas de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Con esa medida se esperaba que la cooperación internacional no dispusiera recursos en acciones no consensuadas con el Gobierno nacional.