Señal de que cabalgamos

Abraham Koning, ministro plenipotenciario, marcó la política internacional del país vecino en relación con el diferendo marítimo que se originó en 1879. Él ha reflejado la mentalidad antiboliviana que ha corroído, desde mucho antes de la invasión a Bolivia en el Siglo XIX, el fuero interior de la casta dominante chilena, que no dubitó en asumir gestos displicentes, discriminatorios y xenofóbicos, que mellaron la dignidad no sólo de nuestros gobernantes sino del conjunto nacional. Mentalidad que aún subsiste, pese que en el mundo se registraron fundamentales transformaciones de carácter político, entre quienes constituyen la “elite” que se ha encaramado en La Moneda.

El sionista Koning decía: “Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle, el opinar que Bolivia tiene derecho a exigir un puerto en compensación de su litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él. En consecuencia, Chile no debe nada, no está obligado a nada, mucho menos a la cesión de una zona de terreno y de un puerto” (“Kollasuyo”, La Paz – 1975, No. 88 y pág. 120).

El canciller de la República de Chile, Carlos Martínez Sotomayor, uno de los herederos legítimos del sionista Koning, ha coincidido, plenamente, con el pensamiento y lenguaje político manejado por éste. Acá sus palabras, proferidas en fecha 27 de marzo de 1963: “Debo declarar con igual énfasis, que Chile no está dispuesta a ceder parte alguna de su territorio nacional. Siempre estará, en cambio, dispuesto a estudiar con Bolivia los medios accesorios que faciliten aún más sus sistemas de comunicación a través de Chile y ello, no en violación del Tratado de 1904 “(Raúl Botelho Gosálvez: “Breve historia del Litoral boliviano”, La Paz – 1979, pág. 62).

Tanto Koning como Martínez intentaron sentar un lineamiento político de negativa a la pretensión boliviana de recuperar el Departamento Litoral, ocupado por Chile, desde hace más de un siglo. Injusto, por cierto.

Y Bolivia reiteró su demanda marítima, ante la Corte Internacional de Justicia, en consonancia con las decisiones que adoptaron los países de la región, y del mundo, en importantes asambleas, coloquios o encuentros, mismas que priorizaron la justicia, en las relaciones político – diplomáticas.

La Convención sobre Unión Panamericana, firmada en La Habana el 18 de febrero de 1928, dice, a propósito: “Las Repúblicas Americanas, cuya unión moral descansa en la igualdad jurídica de las Repúblicas del Continente. Las relaciones entre los pueblos están reguladas tanto por el derecho como por sus legítimos intereses individuales y colectivos”.

Y la Declaración de La Habana, aprobada el 2 de diciembre de 1939, señala: “mantener a la luz del día relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor”.

Por consiguiente Bolivia, con el objeto de recuperar su soberanía en el Pacífico, avanza con paso firme rodeada por el respaldo de países grandes y pequeños. Con la unidad interna, particularmente, y esperanzada en la equidad y ecuanimidad de quienes administran la justicia internacional. Este accionar ha provocado una suerte de comezón entre todos quienes custodian, coyunturalmente, La Moneda. Por ello nuestros vecinos caminan con los nervios en punta.

En suma, recordemos lo que decía el Quijote de la Mancha: “Sancho, los perros ladran, señal de que cabalgamos”.