Planificar inversiones para el desarrollo

En los últimos nueve años, al igual que en anteriores gestiones, en muchas esferas del gobierno se habló sobre la urgencia de invertir capitales nacionales o extranjeros en el país. Con este motivo, y con mucho retraso, se ha aprobado la Ley de Inversiones que ahora sufre retrasos por falta de la reglamentación necesaria. Se insiste, de todos modos, en la urgencia de las inversiones que, en todo caso, no sólo tienen que ser financieras sino también tecnológicas y humanas.

Dictada la Ley de Inversiones, pero sin la reglamentación respectiva, ni a nivel público ni al privado se puede hacer trámites o gestiones para alcanzar esas inversiones que, además, están expuestas muchas veces a reacciones o declaraciones de toda naturaleza porque, si bien por una parte se sostiene que no habrá más nacionalizaciones, por otra se dice que nada impedirá que el Gobierno adopte nuevamente esas políticas cuando tenga que nacionalizar algo. Esta posición resulta un freno para quienes tengan la intención de invertir.

La Ley de Inversiones significa, en buenas cuentas, una garantía para que capitalistas nacionales y extranjeros puedan invertir; esa garantía tiene que tener el respaldo de comportamientos y de otras medidas que signifiquen la seguridad jurídica que precisa todo trabajo de generación de riqueza en el país. Aparte de ello, hay que extrañar que no se conocen planes sobre los rubros en que podría invertirse; en otras palabras, no hay planificación alguna ni en el sector público ni en el privado sobre posibles inversiones que sean productivas y rentables, proyectos que sirvan para crear industrias, abrir caminos, organizar empresas agropecuarias, explorar y explotar nuevos yacimientos mineralógicos, especialmente en las zonas llamadas reservas fiscales. Por supuesto, al margen de lo que hagan las empresas petroleras actualmente, es preciso planificar debidamente qué es lo que hará YPFB para encontrar nuevas áreas.

Muchas veces se habla de cifras para las posibles inversiones y se lo hace en cada gestión al aprobarse el presupuesto; pero, en los hechos poco o nada se cumple. Para empezar, las cifras de posibles inversiones públicas que se barajan dan lugar simplemente a cómo contribuirían al crecimiento del PIB y otros detalles que no se concretan. Hay que lamentar que declaraciones, proyectos sobre qué debe hacerse son simples enunciados y hasta lo que se dice no tiene coherencia porque cada autoridad cree que debe hacerse tal o cual proyecto, pero sin presentar planificación concreta alguna.

Es, pues, importante que cuando las autoridades se refieran a problemas económico-financieros del país referidos a posibles inversiones, lo hagan munidos de los estudios precisos, coherentes, factibles, rentables en el tiempo; que todo se haga con la mesura, serenidad y prudencia necesarias. Igual exigencia se deberá tener con el sector privado -que, hasta ahora, funciona con más coherencia- para contar con estudios reales y factibles.