Función Económico Social de la tierra

Santa Cruz, (ANF).- El cronograma y los plazos para ejecutar el control de la Función Económica Social (FES) fue uno de los asuntos más debatidos durante la cumbre agropecuaria que culminó este 22 de abril en Santa Cruz. Finalmente se decidió ampliar de dos a cinco años el plazo para practicar ese control, medida que permitirá a los productores acceder a créditos, según las conclusiones con las que se justificó esta medida dentro de la cumbre.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo que la ampliación supone dar una oportunidad a los medianos y grandes agropecuarios, y mencionó el compromiso para que en esos cinco años se produzca más y no se utilice la ampliación “para el engorde de tierra ociosa e improductiva”.

Según el análisis realizado por la Fundación Tierra en el documento “Apuntes críticos para la agenda agropecuaria”, la ampliación de este control “permitiría abrir una modalidad de tenencia especulativa de la tierra que posibilitaría a los propietarios de grandes fundos en tierras bajas de Bolivia constituirse en simples arrendatarios, es decir percibir la renta de la tierra sin trabajarla”.

Todas las leyes de tierras establecen que el goce y disfrute de la tierra de cada propietario debe estar subordinado al interés del pueblo boliviano. Según el artículo 2 de la Ley INRA, la FES debe ser cumplida por las propiedades medianas y las empresas agropecuarias como un requisito para conservar su derecho propietario. El uso debe ser sostenible y debe promover el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras, así como la conservación medioambiental y el ecoturismo, en beneficio de la sociedad.

Hasta ahora la FES se controlaba cada dos años. Si se verificaba que la tierra no estaba siendo productiva y que no cumplía con esa función social, se revertía al Estado que luego las adjudicaba a indígenas originarios campesinos.

Ahora el plazo se amplió a cinco años, aunque la propuesta inicial de los empresarios era que se eliminara completamente el control, aunque luego redujeron a una vez por década. Su motivo principal para defender la ampliación fue la inseguridad jurídica que les generaba el control bianual porque no les permitía acceder a créditos que consideran necesarios para aumentar la productividad (el reto general del sector para los próximos años).

Según Esteban Sanjinés de la Fundación Tierra, se trata de un argumento un tanto dudoso, ya que no habría evidencias oficiales de que no pudieran llevar adelante transacciones comerciales.

De acuerdo a Lourdes Vargas de la Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia (Aopeb) -perteneciente al Pacto de Unidad- la medida de retirar el control de la FES o de retrasarlo trae el riesgo de ocasionar la mercantilización de tierras y el acaparamiento de las mismas.

Adolfo Chávez, dirigente de la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), recuerda que con la ley de 2006 se logró acortar los plazos del control de la FES de cuatro a dos años por lo cual considera que la decisión actual de ampliarlo hasta cinco es un grave retroceso. “En los últimos nueve años, los empresarios no han mejorado su productividad ni el uso de sus tierras, y ahora les van a regalar cinco años más. Claramente el gobierno está amarrado por el empresariado”, dijo Chávez.