Incertidumbres de la “revolución de la justicia”

La reciente ola de críticas contra el Órgano Electoral y sus evidentes falencias nos ha refrescado otro problema admitido en el discurso de asunción del tercer mandato presidencial de Evo Morales, la crisis del sistema judicial; ambas cuestiones dimensionan la urgencia de encarar una solución creíble, cuyos efectos devuelvan confiabilidad institucional ante los ciudadanos. En alguna medida se ha señalado el problema del sistema judicial y su posible solución, la reforma de la reforma judicial mediante una cumbre y Referéndum popular. No es suficiente reconocer el fracaso sobre la situación deplorable de la administración de justicia en Bolivia, sino el porqué del fracaso. Es previsible que los diagnósticos poco objetivos deriven en soluciones equivocadas: la elección de magistrados fue uno de ellos.

El Presidente, a tiempo de admitir el fracaso de la elección de los magistrados, ha atribuido sin desparpajo parte de la culpa al mismo pueblo. Todavía retumba en nuestros oídos la ardiente defensa de los voceros del gobierno de la elección de magistrados como la mejor solución a la crisis del sistema judicial, arguyendo que además de original era incluso un modelo exportable. No obstante el rechazo del electorado en las urnas, el método electoral y sus procedimientos finalmente fueron aplicados, donde el operador principal fue la Asamblea Nacional, cuya mayoría determinó los procedimientos de la selección de candidatos, con el saldo de lamentables errores que tendrá que pagarlos finalmente el pueblo.

Un mea culpa más sincero debía también admitir que gran parte del fracaso del sistema judicial fue la interferencia permanente del Poder Ejecutivo.

La nueva iniciativa de reforma no despeja la incertidumbre de sus posibles resultados, en tanto el problema en cuestión no ha sido identificado en su verdadera dimensión. Al parecer ningún vocero del MAS sabe en qué consiste el fondo de la crisis del sistema judicial, en cuanto no señalan si es un problema normativo, político, administrativo, ético, social o todo a la vez. Los voceros oficialistas no hacen más que justificar la nueva propuesta de reforma, bajo el pomposo título de “revolución de la justicia”.

La sola voluntad es insuficiente para encarar una reforma exitosa. La credibilidad del Gobierno ha caído de su pedestal en materia de reforma judicial; hoy sabemos que las decisiones aunque legitimadas con el apoyo legislativo mayoritario no son necesariamente eficaces. La reforma emprendida por el Gobierno, legitimada con un tácito apoyo popular o silenciando las voces disidentes, hizo innecesario cualquier intento de poner a prueba sus alcances.

Una nueva reforma del sistema judicial también debe despejar otros aspectos que no dejan de ser inquietantes; uno de ellos es que en cuanto los profesionales más notables del actual Gobierno han sido protagonistas del reciente fracaso, sus propuestas de solución se hacen anticipadamente dudosas. Por otra parte, las cumbres auspiciadas por el Gobierno sólo han congregado a sus seguidores, a título de organizaciones sociales, con el propósito de legitimar las decisiones de su cúpula partidaria, las mismas que luego son aplicadas como decisiones de las organizaciones sociales.

Procedimentalmente, la única vía para una nueva reforma del sistema judicial es la reforma constitucional, donde se establece la elección de magistrados por sufragio universal. La propuesta de reforma tiene pasos expresamente señalados por la misma Constitución; sin embargo sus implicaciones políticas y, sobre todo, su credibilidad y eficacia exceden las posibilidades que el partido de gobierno pueda ofrecernos.

Creo que éste es el momento propicio para que los profesionales en derecho, los colegios de profesionales, organizaciones sociales y los ciudadanos interesados en la administración idónea de justicia en Bolivia expresen su parecer sobre las condiciones y credibilidad de una nueva reforma denominada “revolución de la justicia”.