Política Internacional

CHILE CORRUPCIÓN

Santiago de Chile, (EFE).- El fiscal nacional chileno, Sabas Chahuán, aseguró ayer que “Chile no es un país corrupto, pero sí existen corruptos” que se deben perseguir penalmente.

Chahuán, que ayer entregó la cuenta pública de su último año de gestión, recalcó en su discurso que se procesará judicialmente a todos quienes resulten responsables de delitos tributarios “sin importar su cargo e influencia”.

“Sin duda, Chile no es un país corrupto, pero sí existen corruptos que perseguir penalmente”, enfatizó el fiscalizador en una ceremonia a la que asistió la presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo.

El fiscal que entrega su cargo en seis meses más tras ocho años al mando de la Fiscalía Nacional, indicó que “se imputará a todas aquellas personas que resulten responsables, sin importar -como lo he dicho reiteradamente- el cargo, la presunta influencia, el excargo o la pretendida importancia social que puedan tener los imputados”.

Chahúan realizó estas declaraciones en alusión a los recientes escándalos de corrupción política, soborno y fraude tributario de los casos Penta, Soquimich y Caval, que la Fiscalía Nacional decidió investigar tras las querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Soquimich, controlado por Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet, es investigada por fraude tributario y por la financiación ilegal de candidaturas políticas.

Estos delitos se habrían cometido emitiendo facturas falsas, lo cual supone un delito tributario, ya que esta empresa reducía su base imponible y pagaba mucho menos impuestos.

Tras el escándalo originado por la denuncias y querellas del SII, y presionado por los accionistas canadienses que integran la minera, Ponce Lerou decidió dar un paso al costado y dejó la presidencia del directorio.

El caso Penta arrancó con una denuncia por fraude tributario en contra de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del grupo, un banco de inversiones que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares, por el que actualmente hay diez procesados.

Una de las aristas más polémicas del caso es la financiación irregular de campañas políticas en 2013, cuyos beneficiarios fueron en su mayoría del partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), cuyo presidente, Ernesto Silva, sobrino de Carlos Délano, debió dimitir de su cargo.

COSTA RICA

NICARAGUA

San José, (EFE).- El canciller de Costa Rica, Manuel González, manifestó ayer que su país confía en una “decisión enérgica” de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Nicaragua, en el marco de un juicio por diferencias limítrofes.

“Estimo que el cierre de este caso dejó claro que las acciones de aquel país (Nicaragua) constituyen una amenaza a la paz y a la seguridad en la región, que merece una decisión enérgica de la Corte”, expresó González en declaraciones públicas.

Representantes de Costa Rica expusieron hoy ante la CIJ, con sede en La Haya (Holanda), sus últimos alegatos orales.”Pedí a nuestro equipo que hiciera ver a la Corte que su sentencia debe servir como un elemento disuasivo que evite otras incursiones o amenazas de Nicaragua a Costa Rica”, afirmó el canciller González.