Conclusiones de la cumbre agropecuaria

Después de dos días de intenso debate, concluyó la reunión que congregó a productores -empresarios y campesinos- para analizar la situación del agro y sobre todo para establecer posibles metas hasta el 2025. La inauguración fue realizada por el propio presidente Evo Morales y de manera sorprendente, las conclusiones al cierre de la misma fueron presentadas por el Vicepresidente; la ministra Achacollo si bien estaba en la mesa principal, parecía uno más de los asistentes.

Al iniciar la cumbre, el presidente lanzó como objetivo lograr que el PIB agropecuario se elevara de algo más de 6 mil millones a $us 10.000 millones hasta el 2020, algo realmente ambicioso, expresando que dicho objetivo sería apoyado con la aprobación de leyes, modificación de decretos y medidas para apoyar el desarrollo tecnológico del sector. Asimismo, manifestó su opinión sobre la necesidad de terminar con el avasallamiento de tierras por parte de grupos ilegales, lo cual atenta seriamente contra las propiedades privadas en producción.

Uno de los propósitos del evento es ampliar la frontera agrícola y aumentar la capacidad de producción de alimentos con miras a la agenda 2025. Así también, otro de los propósitos tiene que ver con la necesidad de compensar la caída de los ingresos del país por la baja en los precios del barril de petróleo y minerales.

Entre los principales resultados: la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) logró la ampliación de la Función Económica Social (FES) de la tierra, de dos a cinco años. En mi opinión, según escribí en “Sugerencias a la Cumbre”, esta medida es insuficiente y sigue siendo inadecuada y da lugar a acciones ilegales. Lo que es necesario es derogar la Ley de Reforma Agraria, seriamente distorsionada después de la Ley de 1953, para generar un nuevo ámbito institucional que otorgue verdadera seguridad jurídica a los que detentan la propiedad de la tierra.

Otras conclusiones:

i) Concluir el saneamiento de tierras. ii) Evitar la extranjerización y mercantilización de tierras. iii) Garantizar la dotación de tierras fiscales a las comunidades indígena originaria campesinas e interculturales. iv) Incrementar la superficie de producción mediante la expansión de la actividad agrícola. v) Iniciar procesos de diversificación y transformación del sector agropecuario mediante la apertura de nuevos complejos productivos. vi) Fortalecer la lucha y el control del contrabando, que es identificado como la principal amenaza para la producción nacional. vii) Promocionar y estimular el consumo de productos nacionales. viii) Garantizar el abastecimiento de mercado interno a precio justo y exportación sólo de excedentes. ix) Socialización de la Ley de Avasallamiento evitando la estigmatización de organizaciones sociales y conformar una comisión para que impulse la adecuada implementación de la Ley de Avasallamientos incluyendo a todos los sectores.

Un tema que ha quedado pendiente es el uso de los transgénicos, fuertemente resistido por los denominados productores agroecológicos. Se mantiene, sin embargo, su uso en el sector soyero, lo cual es un aspecto crucial para este sector productivo.

Puntos débiles de estas conclusiones. Primero, plantear una política para ampliar exportaciones sujeta a la restricción de garantizar previamente el consumo interno, ha sido la muletilla para perjudicar, mediante trámites morosos, el desarrollo de las mismas. Segundo, el dejar abierta una ventana a los “avasalladores” mediante la vigencia de una Ley de Avasallamiento es realmente un contrasentido. Por último, la ampliación de la frontera agrícola es otra contradicción que atenta contra la creciente deforestación, siendo innecesaria.

Hagamos votos porque el futuro nos muestre que esta cumbre realmente marque entre “un antes y un después”, a favor de un sector que tiene un enorme potencial para nuestra economía.