¿Quién disfruta del usurpado mar boliviano?

“Era menester recordar que la presente guerra tuvo su origen en la protección dispensada por el Gobierno a la Compañía de Salitres de Antofagasta, la cual se habría arruinado indudablemente sin la actitud asumida por Chile… por lo tanto, era justo igualar la condición de los socios de esa compañía con la del resto de los ciudadanos… como lo había expuesto bien claramente, creía justo que los beneficiados con la guerra contribuyeran a sostenerla, como contribuían los demás habitantes del país” (presidente del senado chileno, sesión secreta, 5 de abril de 1879, se discute el financiamiento de la guerra contra Bolivia y Perú).

Las mayorías son las eternas víctimas en la lucha por el poder, que desde la aparición de los grupos humanos, se da en el mundo. Basta una mirada al panorama político y económico en el escenario internacional para verificar la exactitud de este aserto, los políticos usan su influencia para llenarse los bolsillos y los de sus familiares y amigos, apropiándose ilegalmente de recursos financieros que son arrebatados a las mayorías menos favorecidas, privándoles de mejores condiciones de vida.

Aunque este cáncer está presente en la sociedad humana desde tiempos inmemoriales, la posibilidad de acceso a la información, que nos da Internet, hace que estos hechos sean cada vez más divulgados y así será mientras se pueda usar, libremente o con las menores restricciones posibles, esa herramienta que pretende ser controlada, precisamente, por los que se benefician del secreto y la corrupción.

Entre los casos que llenan los noticiosos están los ocurridos en Chile y muestran la corrupción de sus políticos y empresarios, entre éstos se conoció que la empresa CORPESCA habría pagado a parlamentarios para facilitar la aprobación de una ley de pesca que le beneficia. Así ha sido denunciado y la prensa chilena lo ha publicado. Es preciso tener presente que esta empresa tiene importantes concesiones en el norte chileno, lo que le permiten acceder a los recursos piscícolas en perjuicio de los pescadores artesanales.

La pesquera, perteneciente a la familia Angellini, habría apoyado las gestiones del Gobierno chileno ante La Haya, en el conflicto con el Perú y se puede presumir lo está haciendo en el caso con Bolivia. Fue denunciada en 2013, por haber entregado a un ex asesor de una diputada, la suma de $25 millones de pesos chilenos en el periodo de votación de la Ley de Pesca. En 2015 se admitió una querella para que se investigue la denuncia sobre cohecho y soborno: la empresa habría entregado un millón de dólares a los senadores miembros de la Comisión, que aprobaron la Ley de Pesca.

Esos hechos muestran que los recursos arrebatados por Chile a sus vecinos, a costa de la sangre de bolivianos, peruanos y chilenos, no ha sido para beneficio del pueblo chileno, sino para mayor enriquecimiento de algunos sectores de su oligarquía.