La cumbre agropecuaria llevada recientemente, sin duda acaparó la atención nacional, ya que concentró a los principales actores del sector agropecuario de oriente y occidente, quienes junto con las autoridades nacionales tuvieron que realizar planteamientos y generar acuerdos que garanticen, para los próximos años, el crecimiento de la producción agropecuaria, y de esta manera asegurar la provisión de alimentos y la generación de más divisas, así como más empleos.
Si bien se llegaron a consensos importantes en puntos vitales, para la producción a pequeña escala y agroindustrial como: tierras, mercados, riego, procesos de industrialización, acceso a créditos, implementación de planes de fortalecimiento e investigación, entre otros, no se pudo llegar a un acuerdo en el uso de transgénicos pese a largas jornadas de debate, por ello este tema quedó abierto para su tratamiento posterior, reflexionó Ana Isabel Ortiz, ingeniera agrónoma, exgerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca Santa Cruz) y docente Investigadora de la Uagrm.
“Se puede observar que esta situación se generó por dos posiciones contrarias que se plantearon en la mesa de producción; la primera expuesta por el sector productivo de Santa Cruz que pide la autorización para incorporar semillas genéticamente modificadas a la producción de soya, maíz amarillo duro y algodón, la segunda, planteada por algunas organizaciones sociales y económicas de pequeños productores que piden no autorizar el uso de este tipo de tecnología porque atentaría a la producción orgánica ecológica, la salud de las personas y se impondría el agronegocio”, sostiene.
Frente a ese escenario complejo es necesario recordar que más del 95% de la producción de soya en la actualidad ocupa semilla transgénica y que esta se produce en más de un millón de hectáreas anualmente, esto nos muestra que más del 60% de la superficie cultivada en el país está usando ya este tipo de tecnología, además de que “el maíz también transgénico estaría siendo ya utilizado de manera clandestina, se reporta de fuentes no oficiales el ingreso ilegal de este tipo de semilla”, señaló.
Por otro lado, según datos del censo agropecuario, existirían más de 750 mil unidades de producción que se realizan en superficies menores a las 30 hectáreas, concentrando a más de 2,5 millones de pequeños productores que trabajan más de 70 rubros agropecuarios en sistemas de trabajo convencionales (uso de pesticidas, fertilizantes, maquinaria y otros), ecológicos y orgánicos, denominados estos últimos sistemas limpios, porque no usan productos químicos en los procesos de producción, lamentablemente este grupo tan numeroso sólo estaría aportando en términos cuantitativos con menos del 30% a la producción nacional agropecuaria.
“Esos datos reflejan la necesidad de seguir trabajando este tema con la seriedad y responsabilidad que el caso amerita, con una visión de país, ya que se debe pensar más allá del uso de transgénicos en una agenda exclusiva de desarrollo rural enfocada en el pequeño productor, tomando en cuenta los diferentes sistemas que se desarrollan en el país, no se puede seguir siendo indiferente a la realidad de que un sector tan numeroso esté reduciendo su aporte a la producción de alimentos y no goce del apoyo del Estado en sus dimensiones reales que le permitan despegar e incrementar sus volúmenes de producción, que nos ofrecen una gama amplia de productos frescos y baratos”, sostiene.
Opina que la producción de soya, maíz amarillo duro y algodón necesita de transgénicos, ya que en las zonas donde se trabaja estos cultivos es difícil, técnicamente, pensar en agricultura orgánica o ecológica por la forma de trabajo que se desarrolla, por ello los pequeños productores que están en estas zonas con seguridad incorporan esta tecnología por la necesidad de ser más competitivos.
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