Magistrados militares son procesados

Luego de que se diera a conocer la resolución que dicta detención domiciliaria para el suboficial del Ejército, Johnny Gil Leniz, reconociendo que incurrieron en errores de procedimiento, dentro de la propia legislación militar; el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, asegura que los procesos en contra de tres de los representantes de suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas (FFAA) continuará.

Entretanto, la defensa del suboficial Johnny Gil anunció que demandará a los magistrados militares por haber vulnerado principios constitucnales y legales en este que fuera considerado como injusto.

Ferreira aseguró que el juicio contra los tres suboficiales Jhonny Félix Gil, del Ejecito; Franklin Colque y Freddy Sucojayo de la Fuerza Aérea (FAB) continuará. Independientemente que el Tribunal Militar revocó la detención preventiva de Gil y le otorgó medidas sustitutivas.

La resolución Nº 03/2015 dictada el pasado 30 de abril, por los miembros de las Sala de Apelaciones y Consultas del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM), declara “procedente a la cesación de detención preventiva” y dispone, entre otras medidas sustitutivas, la detención domiciliaria, el arraigo, la prohibición de comunicarse con otros imputados y acreditar garantía solvente de 20 mil bolivianos.

En esa oportunidad, el abogado defensor del suboficial, Oswaldo Rojas, señaló que si bien este es un gran logro, pues se plantea jurisprudencia que puede coadyuvar a sus camaradas de la FAB, el proceso penal militar continua y se debe observar las razones por las cuales está paralizados, pues las acciones de libertad planteas (por las que se logra su detención domiciliaria) son paralelas y diferentes del proceso de fondo, que debió seguir el Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM), paralizadas sin explicación.

De igual forma, debido a las determinaciones ilegales, como lo corrobora la propia resolución Nº 03/2015, ahora servirán de prueba para los procesos penales en la justicia ordinaria, seguidos en contra de los miembros de la Sala de Apelaciones y Consultas del TSJM de la gestión 2014, así como en contra de un Vocal Relator del TPJM, por dictar “resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, e incumplimiento de funciones”, según Rojas

Se conoce que en la Justicia Ordinaria, se encuentran más de 30 autoridades militares procesadas por este tipo de tipo de determinaciones.

PROCESO MILITAR

Pese a esto, el Ministro de Defensa señaló a la ANF que “no se termina el proceso ni se da razón a los argumentos (…) El proceso continúa, en realidad recién empieza”.

Los tres suboficiales fueron detenidos el año pasado, acusados de  sedición, motín y rebelión. En abril del año pasado lideraron las movilizaciones de las Fuerzas Armadas exigiendo la eliminación de los criterios discriminatorios para seleccionar el ingreso a los institutos de formación castrense y la descolonización de la institución castrense.

El ministro sostuvo que los suboficiales no “entienden” el planteamiento de descolonización en este denominado proceso de cambio. “Ellos no entienden lo que es descolonización, no sospechan lo que es descolonización”.

“Descolonización en el sentido del proceso de cambo es que las Fuerzas Armadas no están para servir a los intereses de las élites, no es gente para reprimir al pueblo, no están en función al imperio colonial europeo o norteamericano”.

PEDIDO DEL PRESIDENTE

Mientras los tres uniformados se encontraban detenidos, personal retirado y familiares en diferentes departamentos señalaron que todo el movimiento fue concebido a partir de la solicitud que el mismo presidente Evo Morales les hizo para que le presenten un proyecto de ley que toque el tema de la “descolonización de las FFAA”.

A pesar de que los uniformados y sus familiares aseguran que las solicitudes para que este anteproyecto se revise se hicieron por “conducto regular”, Ferreira advirtió que no se tolerará nuevamente movilizaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas bajo ningún argumento, porque en su criterio la institución no puede adoptar comportamientos sindicales que están al margen de la Constitución.