SLIM de Viacha respalda a su personal profesional

Severina Hernández, responsable jurídico de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia (DNA) y el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Viacha, en oficinas de EL DIARIO, denunció una campaña de desprestigio en contra de las personas que trabajan en esta institución encargada de brindar la atención a víctimas de violencia y otro tipo de maltratos en ese municipio.

De acuerdo con las denuncias presentadas por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Viacha, se conoció el caso de Édgar C. C. que de forma irregular logró ingresar a trabajar al SLIM de Viacha luego de presentar documentación falsa que acreditaba que él tenía una licenciatura en Psicología, emitida por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Cabe señalar, que si bien el SLIM desarrolla una labor independiente de lo que es la gestión municipal, esta persona, se dijo, presentó documentos falsificados al área jurídica de la Alcaldía de Viacha, durante la gestión del reelecto alcalde Delfín Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), que por deficiente control originó la denuncia de APDH.

EDWIN BLANCO

Según la APDH, Édgar C. C. entre las varias actuaciones fraudulentas en las que incurrió, está el haber “jurado” como perito psicólogo en un proceso seguido en contra de Max Rodríguez, periodista de ese municipio, por un supuesto cargo de violencia en contra de un adolecente luego de que la supuesta víctima, agrediera a su hijo al interior de un establecimiento educativo. El informe emitido por Édgar C. C. fue utilizado para la fundamentación del entonces fiscal de ese municipio, Edwin Blanco, actual responsable del caso Alexander, que logró enviar a Chochocoro por varias semanas al comunicador.

La denuncia fue publicada por EL DIARIO, que como contraparte, reprodujo la respuesta sobre el tema, de Delfín Mamaní, quien confirmó la denuncia en contra del falso psicólogo, haciendo notar que este ya cuenta con orden de aprenhesión, pero declaró desconocer la situación de otras dos funcionarias.

RESPALDO

A raíz de esta publicación y a pesar de que en el texto de la nota deja en claro que se debía “explicar” la situación de otras dos funcionarias, el artículo fue fotocopiado y “panfleteado” en la ciudad, con la mala intención de dañar la credibilidad de toda la institución defensora del municipio en Viacha.

Hernández relata que posterior a esto, varias personas presentaron la fotocopia dentro de procesos judiciales en los que la Defensoría y el SLIM forman parte, generando una serie de cuestionamientos legales infundados en las audiencias.

La primera profesional afectada fue María Luz M.C., quien según el título original expedido por la UMSA ostenta la licenciatura en Psicología e ingresó a trabajar al SLIM posterior a la salida de Édgar C.C. siendo que la profesional desempeña su trabajo enmarcada en “absoluta legalidad”, según afirma Hernández.

Las fotocopias distribuidas, también pusieron en duda la credibilidad de Tania Mirna C.T. egresada de la Carrera de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, que con ese nivel de formación académica, la ley faculta que ella ocupe el cargo de Técnico en Trabajo Social del SLIM de Viacha.

Con esta explicación, Hernández hizo un llamado a la población en sentido de no dudar sobre la legalidad de las y los profesionales que prestan su servicio en esa repartición municipal, pues luego del incidente aislado con Édgar C. C. el personal fue sometido a una serie de controles sobre documentos que acreditan la formación académica.

INFORMES Y PERICIAS

Por otro lado, se señaló que existe una gran diferencia jurídica, entre lo que es la emisión de un informe o evaluación, que realiza el SLIM a las víctimas de violencia y la realización de una “pericia” que en términos legales sí puede ser empleado como argumento legal dentro de un proceso judicial, a diferencia del informe que no tiene el mismo valor y que es labor de los asesores legales, en cualquier litigio legal, hacer notar a las autoridades judiciales estos extremos.