Denuncian uso del derecho penal para acallar críticas

Washington.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH urgió ayer a los Estados de América a “abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas”, y denunció varios casos recientes en Venezuela, Honduras, Nicaragua y Brasil.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se recordó el domingo, la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de que sigue “recibiendo serias denuncias sobre la apertura de procesos penales” a periodistas, dirigentes políticos y sociales por expresar opiniones críticas, informó Efe.

“En los últimos años, funcionarios públicos han llevado a la órbita penal a medios de comunicación y periodistas o directivos en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala”, alertó la Relatoría en un comunicado emitido en Washington.

La Relatoría instó “a los Estados a derogar las leyes que consagran el desacato y la difamación criminal en casos que involucran el interés público, modificar las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión, e incorporar los estándares interamericanos a la legislación civil”.

“En la mayoría de los Estados de la región persisten normas penales que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos (...) y que permiten la imposición de medidas desproporcionadas que pueden tener un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática”, afirmó.

El caso más reciente, según la Relatoría, ocurrió en Venezuela, donde “el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, demandó penalmente a los periodistas, directivos y propietarios de los medios El Nacional, La Patilla y Tal Cual por reproducir informaciones difundidas por un diario español que lo aludían”.

La oficina de la CIDH también hizo referencia a dos procesos penales en Honduras, los abiertos contra el periodista Julio Ernesto Alvarado y la defensora de los derechos de las mujeres Gladys Lanza.

Alvarado fue “condenado por el delito de ‘difamación por expresiones constitutivas de injurias’ a 16 meses de prisión, interdicción civil y penas accesorias”, entre ellas “la prohibición de ejercer el periodismo” durante más de un año, explicó la CIDH.

En cuanto a Lanza, “fue condenada a un año y medio de prisión por hacer declaraciones públicas sobre un caso de presunto acoso sexual en el espacio laboral”, añadió.

En Nicaragua, “un médico y teniente del Ejército fue condenado a prisión a comienzos de este año por tres meses y medio por el delito contra el decoro militar tras calificar como una ‘Navidad Roja’ y criticar el operativo para disolver una manifestación contra el proyecto del canal interoceánico en ese país”, indicó la Relatoría.

Y en Brasil, añadió, “el periodista Cristian Goes fue condenado recientemente a siete meses de prisión (convertidos a servicios comunitarios) por el delito de injurias, tras una denuncia penal de un ministro que se sintió agraviado por una novela de ficción que entendió que lo aludía”.

La Relatoría también lamentó “la apertura de juicios penales a los representantes de radios comunitarias por emitir sin autorización”, algo que ha detectado recientemente en Guatemala, Honduras, Brasil y Chile.

Pese a los esfuerzos de algunos países por “despenalizar el desacato”, en los últimos años la Relatoría ha detectado “la invocación de otras figuras penales vagas e imprecisas -como terrorismo, subversión e incitación a la violencia- para sancionar expresiones críticas o de protesta”.