Economía de palabras
La presentación de los argumentos de Chile y Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya llegó en un momento providencial para el gobierno boliviano, aquejado por desastres electorales y una crisis económica que resulta difícil seguir ocultando.
Algo parecido le ocurre al gobierno de la señora Michelle Bachelet, que sufre las consecuencias de denuncias de corrupción, ha padecido los efectos del “veranito boliviano”, como llaman en Chile a los turbiones que embisten el desierto de Atacama, y hay más de un volcán activo en la cordillera, por razones solamente geológicas.
El gobierno boliviano quisiera usar las aguas del Pacífico para enfriar los ánimos políticos, sobre todo de la oposición, que ha levantado cabeza después de los resultados de las elecciones para gobernadores y alcaldes, y las dos segundas vueltas.
El equipo enviado a La Haya fue con mucho entusiasmo luego de haber sido enriquecido con la presencia de otros tres excancilleres, con lo cual la delegación parece la representación de los gobiernos neoliberales del pasado, a los que se condena en otro tipo de temáticas y menesteres.
Un problema que enfrenta la delegación es que ninguno de sus integrantes, excepto Eduardo Rodríguez Veltzé, habla otro idioma que no sea el castellano. La otra excepción es el canciller David Choquehuanca, quien también habla aymara, lo que no le sirve de mucho en La Haya.
Todos los demás integrantes del equipo boliviano requieren de intérpretes y, como no hay muchos de ellos a su disposición, optan por callar.
La delegación chilena se ha mostrado muy ducha en este tipo de afanes, porque ha logrado que la presentación del abogado Felipe Bulnes sea en un horario muy conveniente, de las 9 de la mañana, hora boliviana, mientras que la réplica del abogado Alain Vaughn Lowe, por parte de Bolivia, será a las 4 de la madrugada.
La delegación chilena advirtió, con extrañeza, que durante la presentación de Bulnes no estuvo presente el abogado Vaughn Lowe, quien en ese momento se encontraba en Nueva York atendiendo otro caso. No se sabe si este abogado, que también representó a Perú en el caso de la soberanía marítima, sigue o no trabajando para Bolivia.
Un exjuez del TIJ me dijo en octubre pasado que este tipo de temas demoran por lo general entre cinco y seis años.
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