Tiene detención domiciliaria
Bajo el argumento de que se tiene que analizar las resoluciones dictadas por instancias superiores, que determinan la salida del suboficial Johnny Gil Leniz, para que el proceso en su contra continúe mientras él se encuentra en detención domiciliaria, ayer, pesonal del Tribunal Permanente de Justicia Militar (TPJM) se negó a firmar la orden de salida, pese a que se acreditaron todos los requisitos. Los familiares expresaron su indignación y anunciaron que cada acción ilegal que continúen realizando estas autoridades serán tomadas en cuenta para ampliar los procesos penales que presentarán en contra de los magistrados militares.
La jornada de ayer, los hermanos y, madre del suboficial, Roberta Leniz, peregrinaron del Tribunal Permanente al Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM), en busca de una respuesta al rechazo de la firma del mandamiento de salida de la carceleta del Estado Mayor donde cumple detención preventiva el uniformado.
Indignados, porque en oficinas de ambos tribunales no se tenía certeza de quién era la máxima autoridad o la designada para efectuar el trámite, los familiares adelantaron que de no entregar la resolución de salida y la de detención domiciliaria, hoy a primera hora, ya no pedirán la documentación, sino que plantearán un tercer proceso penal en contra de los magistrados militares que, recién volvieron de las vacaciones hace dos semanas.
Esta incertidumbre se produjo a pesar de que el pasado jueves 30 de abril la Sala de Apelaciones y Consultas del Tribunal Supremo de Justicia Militar (TSJM) dictó una resolución declarando “procedente la cesación de detención preventiva”, del suboficial Gil, que se cumplía en la carceleta del Gran Cuartel de Miraflores, desde el 15 mayo de 2014.
Luego de ocho conminatorias por parte de tribunales de garantías constitucionales, la Sala de Apelaciones y Consultas del TSJM, presidido por el general de Brigada, Jorge Alvarado, dictó la resolución Nº 03/2015 de 30 de abril, en la que se determinó dejar sin efecto una anterior, por la cual el uniformado fue detenido, sindicado por los delitos de sedición y motín.
Esta fue reemplazada con medidas sustitutivas y requisitos como la presentación de dos garantes, el arraigo y pago de una fianza de 20.000 bolivianos, monto que luego de ser informados, los familiares buscan la forma de reunir.
Johnny Gil Leniz, del Ejército, Freddy Sucojayo y Franklin Colque, de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), están detenidos desde mayo de 2014, luego de que sargentos y suboficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA) se movilizaron a nivel nacional junto a sus familias pidiendo la descolonización de la institución y ellos fueron portavoces de este pedido, que aseguran, se efectuó por conducto regular y a instancias del mismo presidente Evo Morales.
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