Tarija
Tarija (EL DIARIO).- El secretario de Finanzas de la Gobernación de Tarija, Grover Pereira, reveló que la deuda a las empresas constructoras que ejecutan obras con la institución supera los 250 millones de bolivianos, pendientes que deberán ser cubiertos por la nueva administración, ya existen contratos de por medio.
Sin embargo, explicó que las planillas pendientes con las empresas serán canceladas poco a poco, según vaya ingresando los recursos económicos, que luego serán desembolsados a los ejecutivos seccionales de desarrollo quienes son los ejecutan los proyectos.
Sin embargo, explicó que las planillas pendientes con las empresas serán canceladas poco a poco, según vaya ingresando los recursos económicos, que luego serán desembolsados a los ejecutivos seccionales de desarrollo quienes son los que ejecutan los proyectos.
“No son deudas, son contratos que tenemos con empresas que están con obras. De que tenemos pendientes de pagos hay, pero se está pagando de acuerdo a los flujos financieros de acuerdo a las priorizaciones. Ahora los empresarios tienen que hablar con la nueva administración para ver la forma de cubrir, tomando en cuenta que hay proyectos hasta de dos años de duración”, comentó.
Según Pereira, el último desembolso a cuenta del Gobierno Departamental de Tarija fue de 140 millones de bolivianos, de los cuales se debe cubrir los gastos de funcionamiento y servicios básicos que tampoco estaba siendo cancelados. Mientras la región autónoma del Chaco recibió 115 millones de bolivianos que son administrados por las autoridades regionales.
Por su parte, el presidente de la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco), Sergio Vergara, dijo que 80 empresas esperan el pago de planillas desde la gestión pasada. Sin embargo, la mayor preocupación del sector es que la iliquidez del Gobierno Departamental estaría poniendo en riesgo el incremento salarial de los trabajadores.
“El problema es mucho mayor, en el tema de las planillas pendientes que por una y otra razón no se está cumpliendo, ahora ha pasado tiempo y el perjuicio se hace grande, porque los compromisos que las constructoras tienen con el personal en función al cumplimiento de las leyes es preocupantes”, dijo.
Recordó que a fin de año se paga doble aguinaldo, se indemniza al personal y se prevé el incremento salarial de la próxima gestión, lo que significa cargas sociales que los empresarios no pueden cumplir.
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