Exsuboficial Johnny Gil regresa con su familia

A siete días de cumplirse un año de su detención en la carceleta del Estado Mayor, el exsuboficial del Ejército, Johnny Gil Leniz, ayer, logró salir del recinto militar y reunirse con su familia en su casa, donde debe cumplir detención domiciliaria mientras se investiga la supuesta comisión de los supuestos delitos de sedición y motín. Sin embargo, adelantó que seguirá gestionando, en lo que le permita la ley en su vida civil, eliminar la descolonización al interior de las Fuerzas Armadas (FFAA).

“No me voy resentido con la institución, sino, con quienes la administran”, fue la primera declaración que efectuó el exmilitar tras llegar a su domicilio en la zona Pampahasi, donde lo esperaba su esposa y sus tres hijos, cerca de las 12.30. Ahí se fundieron en un emotivo e íntimo abrazo, interrumpido sólo por la prensa, que buscaba sus primeras declaraciones.

Minutos más tarde, Roberta Leniz viuda de Gil, ascendió por las gradas, lo más rápido que le permitieron sus 67 años. Fue otro reencuentro emotivo y lleno de flashes.

No fue para menos la expectativa, pues en una actitud reprochable, originando sólo una mala imagen de la institución, al margen de los responsables de cumplir la orden de salida, en el Estado Mayor, otros oficiales y efectivos de bajo rango, efectuaron una serie de acciones contradictorias e innecesarias para tratar de despistar a la prensa, como a la madre y otros familiares, en sentido de afirmar que él ya había sido desalojado y sacado de esa unidad militar por una puerta posterior.

Estos extremos fueron comprobados por los periodistas ahí presentes, y EL DIARIO presenció cómo, mediante una supuesta vendedora, se trató de causar preocupación en primos y hermanos, sobre versiones de una supuesta golpiza contra Johnny Gil, “como despedida”.

JUEZ ORELLANA

Casi un año atrás, el juez sumariante Marcelo Orellana infringió el debido proceso militar y con burlas e insultos de por medio, evidenciados por representantes de la Asamblea de Derechos Humanos, instruyó la detención del exsuboficial en puertas del Estado Mayor, ante la oposición férrea de su esposa, Amelia Mendoza. Producto del forcejeo sufre un colapso nervioso y se desvanece, la Policía Militar (PM) pasa sobre su cuerpo, impidiendo que el exmilitar la auxilie y lo introducen nuevamente a la carceleta.

Entre la emisión de 800 bajas y la reconsideración de la medida por instrucción presidencial y la urgente necesidad de recobrar la autoridad, que las movilizaciones de cientos de suboficiales y sargentos le restó al Alto Mando Militar, en ese mes de abril de 2014 que marcó “un antes y después en la historia de las FFAA”, se ordena la detención del exuniformado y otros cuatro representantes.

Este accionar acelerado de los administradores de justicia militar hace que se incurra en una serie de falencias. Entre ellas las que dieron lugar a nueve acciones de libertad interpuestas en la justicia ordinaria, todas ganadas por los abogados Oswaldo y César Rojas.