EL DIARIO y el derecho a la información

Hace 111 años el Decano de la Prensa de Bolivia lucha por la libertad de prensa, por la libre expresión, el derecho a la información, por el derecho fundamental del ser humano a la libertad y la justicia. Bien dijo el patricio paceño, fundador de EL DIARIO, don José Carrasco “La prensa hace luz en las tinieblas y todo cuanto existe de progreso en el mundo se debe a su inagotable labor”.

El derecho a la información es un corolario importante de la libertad de expresión consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todo individuo tiene el derecho a “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el difundirlas”. Se usa numerosos términos para describir este mismo derecho humano: Derecho a saber, derecho a la información, libertad de información y acceso a la información entre otros.

Si bien la mayoría lo asocia al derecho a solicitar y recibir información de entidades públicas, el derecho a la información va mucho más allá, e implica una comprensión más amplia: la promoción de la libertad de información puede coadyuvar la participación democrática y el buen gobierno, además de colaborar en el cumplimiento de otros derechos humanos. El derecho a la información encuentra soporte dentro de las garantías constitucionales, así como mediante la adopción de leyes.

Recientemente, los gobiernos latinoamericanos han mostrado avances significativos en la legislación al respecto. En 1990, sólo 13 países en el mundo habían adoptado leyes de derecho a la información (a menudo llamadas leyes de libertad de información o acceso a la información), y solamente uno en América Latina. Los 20 años que han pasado desde entonces, sin embargo han traído un crecimiento exponencial de leyes de derecho a la información, con más de 80 de las mismas adoptadas a nivel mundial, y once en Latinoamérica. A pesar de la tendencia mundial hacia la adopción de leyes, existen muchos obstáculos que impiden el pleno cumplimiento del derecho que tienen los ciudadanos al acceso a la información.

Las tecnologías de información y comunicación (TICs) han cambiado de forma sustancial el terreno mediático y, en general, el flujo de informaciones. Se ha debatido mucho sobre el impacto de las TICs en la forma y las dinámicas del ambiente mediático. Para los gobiernos, las TICs ofrecen formas efectivas para facilitar el derecho a la información mediante la publicación proactiva en línea, de la información, además del manejo de las solicitudes individuales de información realizadas mediante el gobierno electrónico.

Basándose en el supuesto de que la información en manos de entidades públicas es propiedad de la ciudadanía -y que los gobiernos democráticos deben responder ante las demandas del público- el derecho a la información tiene gran potencial para el empoderamiento de los ciudadanos, y el fortalecimiento de la transparencia entre las instituciones del gobierno representativo. Aunque el derecho a la información a menudo se ve como una herramienta para los periodistas e investigadores, es de hecho, un derecho de todos.

Todo individuo tiene el derecho a inspeccionar las acciones de su gobierno y de participar en un debate saludable sobre las decisiones de los funcionarios electos. Exigir la rendición de cuentas implica acceso a la información sobre el desempeño de las instituciones y los funcionarios públicos. Para que no existan grandes problemas, como en el Fondo Campesino, manejado a gusto y albedrío. Es esta comprensión de la relación necesaria entre el derecho a la información y el buen gobierno, entre la libertad de expresión y el amplio empoderamiento, la que brinda al derecho a la información su valor en la promoción de la democracia.