La Haya: un acierto

Somos duros críticos a este Gobierno, pero eso no significa que lo bueno que se hace no se deba reconocer. Eso ya lo confesamos en meses pasados, cuando observamos que existía seriedad en el planteamiento diplomático en La Haya y que la Cancillería -respaldada plenamente por S.E.- estaba convocando a la mejor gente para llevar a buen éxito el empeño de convencer a Chile a abandonar posiciones caducas y soberbias en el tema marítimo y volver por caminos de sensatez y comprensión que alguna vez transitamos juntos, aunque siempre quedaran inconclusos.

Además del acertado planteamiento de recurrir a tribunales internacionales de justicia, finalmente con personalidades nacionales enteradas en los pormenores de la demanda boliviana, no cabe duda de que el Gobierno eligió a también a un conjunto de jurisconsultos y peritos extranjeros de primer nivel, que le dan contundencia a la posición nacional, explicando debidamente, con los términos precisos, sin las estridencias tan propias de los políticos de plazuela o de los diplomáticos improvisados, cuál es el propósito de Bolivia y qué espera de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

No nos cabe la menor duda de que el dinero mejor gastado durante el gobierno del MAS ha sido el destinado a la contratación de los abogados que nos representan y lo que se ha destinado para informar a la comunidad de naciones sobre el propósito boliviano, que Chile pretende deformar en La Haya con una persistencia ciega que deriva hasta en ciertas preguntas capciosas. El gasto, en estos casos, es inevitable, y mucho más si se trata de recompensar debidamente a profesionales reconocidos mundialmente en el ámbito del derecho. Esto no es despilfarro sino que, esperemos, sea la mejor inversión.

La batalla jurídica de fondo no ha empezado todavía en La Haya. La verdad es que, en términos militares, estamos reconociendo y preparando el terreno. Aún no sabemos siquiera si la CIJ se declarará competente para tratar el caso, ante la objeción de incompetencia presentada por Chile. Aunque el haber admitido la demanda nacional no parece dejar dudas de que Chile no podrá hacer abortar el proceso, al extremo de que en Santiago ya se han escuchado voces autorizadas como la del ex canciller Hernán Errázuriz que hasta sugiere el retiro de Chile de la CIJ si ésta admite tener jurisdicción en el pleito. Si La Moneda optara por retirarse sufriría una nueva derrota consecutiva en La Haya, justificando lo dicho por el diputado Sapag, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en sentido de que a Chile le va mejor utilizando las armas que la diplomacia. Es inaudito de reconocer, pero es algo cínicamente cierto a la vez.

Sabemos los bolivianos o la mayoría de los compatriotas, que la CIJ no va a obligar a Chile a ceder un determinado territorio a Bolivia. Los chilenos lo saben también aunque fingen ignorarlo expresando que un fallo de La Haya trataría de arrebatarles un trozo de su potestad territorial. Claman en Santiago ante un presunto atropello a su soberanía, pese a que es de conocimiento general que la CIJ no tiene atribuciones para disponer de ese tipo de decisiones y que su fallo, de existir, no irá más allá de exigir a Chile que negocie con Bolivia una salida al mar de manera seria, sincera, sin engaños. Ya no con la dichosa agenda de los 13 puntos, cuando se perdió el tiempo durante toda una gestión de gobierno, donde la demanda marítima boliviana se había diluido, como algo más, entre facilidades portuarias, el Silala, temas consulares, culturales, narcotráfico, pobreza, y la risible “confianza mutua”.

Además, si como consecuencia de un fallo de la CIJ, se regresara sobre las bases de lo que fueron las notas del 50 y las negociaciones de Charaña (seguramente que incluido el canje territorial), para Perú sería más difícil poner trabas a una solución. Trabas que, sabemos, no las impuso Perú sino ambos vecinos, de mutuo acuerdo, para dejar a Bolivia aislada, sin perturbarles su vecindad con su persistente reclamo de acceder a un puerto. Cuando las negociaciones de Charaña, Chile no quiso ni enterarse de conversar sobre la respuesta peruana y todo lo concluyó ignorándola. Al parecer, Chile tiene la idea de que las restricciones contra Bolivia emergentes del Tratado de Lima de 1929, las tenemos que levantar los bolivianos. Justamente quienes no lo firmamos; y peor, quienes fuimos sus únicas víctimas. Finalmente, aunque nos duela, queda una tenebrosa impresión de que Chile y Perú saben amañárselas cuando Bolivia exige su salida al mar.

Ahora sólo nos queda esperar lo que dictamine la CIJ y nada más. Nuestros argumentos han sido contundentes y pensamos que han influido en el espíritu de tan eminentes jurisconsultos. Hacer declaraciones sobre el tema desde Tarata o Gauyaramerín, no ayudará en nada a la causa boliviana. Promover marchas y proclamas contra Chile no harán variar ni en un ápice lo que la Corte ya ha recogido. Es hora de esperar y tener fe en la justicia internacional, que, estamos seguros, estará de nuestro lado.